Familias y asociaciones de alumnos gallegos con necesidades especiales han presentado ante la Conselleria de Educación una instancia impulsada por Dereitos Non Parches, en la que denuncian el riesgo de discriminación producido por un protocolo que "no aborda cuestiones esenciales del alumnado con diversidad en el contexto de prevención de la pandemia".

Alertan de que la posibilidad de abrir unidades de educación especial en
centros ordinarios contraviene la normativa internacional de derechos de las personas con discapacidad, así como la estatal y autonómica en atención educativa a la diversidad.

En un modelo de instancia dirigido al Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y que ya ha sido presentado ante la administración por organizaciones como Fegadah, Foanpas, Asperga, Atelga, Apamp, Andaina, Dismacor o Teavi, estas familias profundizan en otras carencias del protocolo.

Así, una de los mayores fallos, alertan, es que "se defina el documento únicamente para alumnado con necesidades educativas especiales, y no para todo el agrupado dentro de la categoría de necesidades específicas de apoyo educativo".

El primer grupo, añaden, solo comprende al alumnado con reconocimiento de discapacidad o con trastorno de conducta, y por lo tanto "deja sin contemplar medidas para otros grupos como alumnado con TDAH, TEA, TEL o altas capacidades que, sin contar con ese reconocimiento, necesita también medidas de atención específicas en estas circunstancias".

Contradicciones

La reclamación promovida por Dereitos, Non Parches recoge también contradicciones de bulto en la propuesta de la Consellería. Por ejemplo, se recomienda el uso de máscaras transparentes para el alumnado para la realización de sesiones de Audición y Lenguaje, cuando estas máscaras no están de momento homologadas y, para el alumnado que lo necesite por dificultades de audición o de reconocimiento de la gestualidad, serían precisas en todos los contextos y no solo en esas sesiones.

Por todo esto, las familias y las asociaciones piden la retirada inmediata del documento, que fue elaborado sin incorporar las demandas expresadas por las asociaciones