SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS)

El colectivo de investigadores pertenecientes al 12C 2017 –Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento gestionado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN)– ha denunciado que el vacío en las convocatorias de más de 6 meses para sus contratos posdoctorales perjudicará "gravemente" las carreras profesionales de 37 investigadores, además de llevarlos al paro por un tiempo "indefinido".

Estos profesionales, terminada la modalidad A de su contrato posdoctoral (regido por el GAIN y la Consellería de Economía, Emprego e Industria), tienen la posibilidad de renovar su vinculación con las universidades gallegas en las que desarrollan sus proyectos otros dos años (Modalidad B), proceso para el que se necesita concurrir a la convocatoria competitiva que publica la Xunta.

Consultada por Europa Press, Susana Cid, investigadora y representante de este colectivo, ha explicado que "la falta de previsión de la Xunta de Galicia" ha provocado un atraso "enorme" en la publicación de esta convocatoria. "Nuestros contratos terminan en diciembre, momento en el que nos iremos al paro, no sabemos por cuánto tiempo", ha declarado.

A este respecto, la Consellería de Educación ha trasladado a Europa Press que, conscientes del problema y, sobre todo, de que la crisis sanitaria podía empeorar la situación de los investigadores, estableció en abril de este año unas prórrogas a los contratos posdoctorales que terminan en diciembre de 2020. "Esta extensión es algo inédito en el resto de España; es más amplia y duradera que las concedidas por el Ministerio de Ciencia", ha señalado la Consellería.

Por otro lado, la Xunta de Galicia ha declarado que la nueva convocatoria verá la luz "durante los primeros meses de 2021", aunque no precisan ninguna fecha concreta. Respecto a las posibles fechas de la convocatoria, la Consellería de Educación ha declarado que aquellas personas con contrato prorrogado "no podrían presentarse a las nuevas convocatorias si se publicasen ahora y, por eso, se hará más adelante".

"Que la convocatoria salga en febrero o marzo implica que no se resolverá hasta junio, dejándonos seis meses en el paro e interrumpiendo gravemente nuestras investigaciones", ha comentado Susana Cid. El colectivo demanda que, al menos, se creen los conocidos como "contratos-puente" que la Xunta ofreció en 2019 a la cohorte del 2016 (34 investigadores se enfrentaron a esta misma situación el pasado año) y que redujo el parón en tres meses.

El colectivo ha recurrido también a la Consellería de Educación para explicar que el parón influiría no sólo en sus investigaciones, sino también en "las labores docentes" que desempeñan en las universidades gallegas. "Los centros están saturados, sobrepasados ante la situación excepcional provocada por la COVID-19 y con el parón no podrán contar con nuestro apoyo docente desde enero a septiembre de 2021", ha comentado Susana Cid. Estos investigadores, además de impartir clase, se encargan de tutorizar trabajos de fin de grado y de fin de máster, entre otros cometidos.

Denuncian "penalizaciones" por baja de maternidad

El colectivo ha criticado también la obligación de concurrir a la convocatoria inmediatamente posterior a la finalización del primer período. "Si yo no puedo concurrir a esa convocatoria porque, por ejemplo, acabo de ser madre, no puedo optar a participar en la del año siguiente, por decir una", ha explicado la representante del colectivo.

El tratamiento de las bajas de maternidad y paternidad es otra de las críticas que ha expresado el colectivo, que recoge en el comunicado "la discriminación" a la que se enfrentan, respecto a la concurrencia en las convocatorias y a los propios contratos, aquellos investigadores que quieren compaginar vida personal y profesional.

En la presente convocatoria, dos mujeres con baja de maternidad se enfrentan a un parón de diez meses en su carrera profesional. Susana Cid se enfrentó a la misma situación, junto a dos compañeros más (uno de ellos un hombre con baja de paternidad), con unos efectos que paliaron, en parte, los contratos-puente. Ahora, las dos mujeres afectadas piden, como mínimo, el mismo trato.

Sobre este tema, la Xunta ha señalado que, a aquellas personas con baja por maternidad o paternidad, se le han ampliado los contratos el mismo tiempo que haya durado la baja.

"A pesar de la ampliación de los contratos, la situación sigue sin ser justa", ha señalado Susana Cid. A este respecto, ha recordado la decisión a la que se tuvo que enfrentar una de las investigadoras: "En 2018, renunció a su baja de maternidad para no perder la oportunidad de ser evaluada ese año y así presentarse a la siguiente convocatoria, la de 2019".

Una vez presentadas a la convocatoria, las investigadoras denuncian que los criterios de evaluación no son justos. "Se nos puntúa la investigación de esos meses sin tener en cuenta que hemos estado de baja y que, por lo tanto, el volumen de trabajo no va a ser el mismo", ha indicado la representante del colectivo. La asociación ha exigido, mediante una carta dirigida personalmente al Conselleiro de Educación, la implantación de algún tipo de mecanismo de compensación o medidas reales de prorrateo.

A la carta, el colectivo adjuntó una propuesta de elaboración propia con posibles medidas de evaluación "más justas y basadas en las ya implantadas en grandes centros de investigación europeos".

Recurso al Valedor do Pobo

El colectivo llevó esta queja también ante el Valedor do Pobo que, en abril del 2018, resolvió que estas investigadoras no podían competir "en condiciones de igualdad en convocatorias o evaluaciones de proyectos científicos por la falta de inclusión de factores de corrección por bajas de maternidad".

Amparándose en diversos documentos legales (concretamente en el Decreto Legislativo 2/2015 del 12 de febrero de 2016), el organismo señaló que podría tratarse de "discriminación".