SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS)

La futura Ley gallega de recuperación de tierras otorga a la Xunta la facultad para investigar la propiedad cuyos titulares se desconocen y, una vez que concluya esta actuación (que se arroga ahora la Administración autonómica frente al Estado, que tiene las competencias generales), se les dará cinco años a los propietarios para que acrediten serlo antes de que ese terreno pase a formar parte del banco público de tierras.

Precisamente, esta es la principal novedad con respecto a los terrenos de las personas que están ilocalizables. Este plazo de cinco años no existe actualmente en el procedimiento estatal, ha explicado este lunes el conselleiro de Medio Rural y diputado del PPdeG, José González, por lo que, a su juicio, esta y otras medidas dan garantías jurídicas en toda la normativa que se tramitará ahora en la Cámara autonómica.

De este modo, la Xunta investigará la propiedad y, si concluye el proceso sin localizar a ese dueño, dispondrá de ese terreno para su gestión. Se abrirá un plazo de cinco años para que, en el caso de que aparezca el propietario, acredite que lo es. En ese caso, el rendimiento de la tierra se le abonará a su titular; pasados los cinco años, la Xunta se quedará con esa propiedad y se podría recuperar, en caso de que aparezca su legítimo titular, pero ya por la vía judicial.

El titular de Medio Rural ha explicado que este plazo de cinco años abre un periodo por el cual el propietario evitaría ir a los tribunales, lo cual no ocurre actualmente, porque el Estado se inscribe en el catastro directamente las fincas cuyos propietarios no aparecen una vez hecha la investigación oportuna.

Esta herramienta forma parte del paquete de medidas que incorpora la futura ley, con 144 artículos, y que se tramitará ahora a través de un texto registrado por el Grupo Popular (no por la Xunta) y que incorpora, además, 43 medidas del dictamen de la comisión de investigación de incendios forestales que se creó a raíz de la ola de incendios de 2017 (y cuyo dictamen vio luz verde, con los votos del PPdeG y PSdeG, en julio de 2018).

La filosofía de esta futura ley es lograr que todo el territorio tenga una "rentabilidad". Para ello, se fomentará el arrendamiento, venta o agrupación de propietarios, con el fin de que haya una gestión del territorio, ya sea con fines agrícolas, ganaderos o de producción forestal. Otro de los instrumentos que incluye esta ley son las conocidas como "aldeas modelo", una fórmula que ya se ha implantado en algunos puntos de Galicia.

"Y salvo en los casos de actuaciones por criterios ambientales, paisajísticos, patrimoniales o sociales, las actuaciones llevadas a cabo deberán garantizar a priori la actividad económica rentable, capaz de asegurar la calidad de vida en el medio rural", reza la exposición de motivos del texto legislativo.

"Ambiciosa"

Para el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, se trata de una ley "muy trabajada" y "ambiciosa", al tiempo que se convertirá, ha augurado, en uno de los textos más relevantes que se aprueben en esta legislatura. No en vano, los populares han recordado en la rueda de prensa que "dos de cada tres gallegos" tienen vinculación con el rural y son titulares de terrenos.

En su explicación, Puy ha destacado que el texto trata de establecer las bases para un medio rural activo, que atienda a los cambios económicos y tecnológicos, y una ley que permita hacer de este medio un lugar para un medio de vida atractivo.

El conselleiro de Medio Rural se ha sumado a esas explicaciones y agradecimientos a todos los que han participado en la elaboración de esta ley, desde los exdiputados a la propia parlamentaria Elena Candia, de aquella sin esta responsabilidad en la Cámara autonómica, y que ahora se encargará de defender el texto en el hemiciclo.

José González ha recalcado que Galicia cuenta con el mayor número de parcelas rústicas, con la característica principal del minifundismo. Además, el 97% del suelo es privado y una de las dificultades que hay es la demanda de base territorial para ahorrar costes, lo que, precisamente, es una de las cuestiones que se pretenden paliar con esta normativa aglutinando fincas con varias herramientas.

Una de las cuestiones más relevantes es, precisamente, la "localización" de las personas que no se han encontrado, ya que el 30% de propietarios de tierras no se encuentra. La ley defiende tres usos (ganadero, agrícola y forestal), sobre lo que el conselleiro ha resaltado que "hay sitio para todos y todos pueden crecer a través de una ordenación de usos".

Consenso y voluntario

Para los proyectos conjuntos, se va a requerir un consenso del 70%, una cuestión sobre la que la Xunta destaca la "voluntariedad". El restante, de no querer incorporarse, se les informará de que ello no puede ir en detrimento del proyecto conjunto de gestión de tierras, por lo que deberán mantener limpia su finca, pero no se incluirá de forma forzosa, sino que se quedará al margen.

En todo caso, el titular de Medio Rural ha afirmado que en lugares en los que se han puesto en funcionamiento proyectos piloto como las aldea modelo (en Cenlle, por ejemplo), se han unido las tierras de forma unánime. De hecho, la idea es potenciar que así sea, bajo la premisa de que estos terrenos pasarán de costar dinero a su propietarios (por el gasto en limpieza) a ser rentables (por el alquiler o producción, así como en el caso de venta).

Para la creación de polígonos forestales, la ley marca 10 hectáreas como mínimo, aunque puede ser un terreno superior. Así, ha puesto el ejemplo de que, para impulsar un polígono de cultivo de forraje serían diez hectáreas, mientras que si son de huerta serían tres y de viñedo, cinco hectáreas.

La ley "refuerza" el banco de tierras como instrumento público de intermediación en la movilización y crea el banco de explotaciones con el fin de garantizar el relevo generacional facilitando el contacto entre personas titulares de explotaciones agroforestales. También facilita la figura de las "agrupaciones de gestión conjunta", en la que "no se tocan los marcos", sino que se "delimitan los perímetros y se busca la gestión conjunta" en ese espacio (con el ya mencionado 70% de acuerdo de los propietarios).

La normativa también recoge legislación específica para las permutas y un paquete de exenciones de impuestos en el rural, ya implantados y que se "profundizan". En este sentido, incorpora el "diálogo" con el Estado para reclamar una "discriminación positiva en favor" de este ámbito.

Paralelamente, continúa también el trabajo de concentración parcelaria: de 2,9 millones de hectáreas ya hay más de 500.000 en esta figura. Está previsto entregar 12 títulos en esta primera parte del año.

La Axencia Galega de Desenvolvemento Rural es el ente coordinador de actuaciones de recuperación y movilidad de tierras. La ley regula un órgano consultivo y colegiado, denominado Consello de Xestión da Terra Agroforestal, con representación de todos los centros directivos o entidades relacionadas y con funciones consultivas en los ámbitos de gestión de la tierra y de la gestión de la información en ese ámbito.

En la futura normativa también se recoge un catálogo de posibles sanciones, que van de leves a muy graves y con multas de 600 a 6.000 euros y medidas adicionales en el caso de ser muy graves, como publicación de la identidad de la persona sancionada en el diario de mayor circulación de la provincia, cuando sea firme en la vía administrativa.