SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) –

El profesor del departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y ex secretario general de Financiación Autonómica en el Ministerio de Hacienda, Diego Martínez López, sostiene que las comunidades están "sobrefinanciadas" respecto a otras administraciones públicas, ya que cuentan con un superávit de más de 12.000 millones de euros en un contexto de "problema de déficit muy importante" en el Estado y en la Seguridad Social.

Así lo ha expuesto Martínez López en su intervención en el Parlamento gallego en la comisión sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, en donde ha comparecido en calidad de experto. De hecho, ha reconocido que esta idea "es políticamente incorrecta", pero la traslada "en honor de la honestidad intelectual"

De hecho, asegura que la ayuda estatal a comunidades de fondos covid "fue y es excesiva", "esto habría que calibrarlo de otra forma". "Se han pasado de frenada", ha sentenciado.

"Yo sé que decirlo en una comunidad autónoma…", ha reconocido, pero ha recordado que las autonomías cuentan con un "superávit que viene creciendo a lo largo de 2021 y 2020". Apunta a que comunidades como Canarias tenían en octubre un superávit de casi cuatro puntos del PIB, lo que le parece "una ineficiencia".

Es más, avisa de que un momento ya expansivo algunas autonomías realizan un presupuesto "ultraexpansivo", "quizá están sentadas algunas comunidades en una bolsa, en un asiento de tesorería excesivo". "Esto ya lo hemos vivido con los ayuntamientos, ¿vamos a repetir el mismo error, el mismo desajuste entre recursos y gastos?", apostilla.

Objetivos de déficit "asimétricos"

Lamenta que la "gobernanza fiscal ha muerto", pues se ha decidido suspender las reglas fiscales de una forma que "no parece ajustada con la normativa".

Martínez López es partidario de que se fijen objetivos de déficit "asimétricos", pues considera que no se puede pedir a comunidades forales los mismos objetivos fiscales que a las de régimen común, al igual que ve diferencias entre este segundo grupo. Apunta que algo así se intentó en 2015, pero "fue una pesadilla".

Junto a esto, se ha referido a la idea de condonación de deuda a algunas comunidades debe ir parejo a que se prime "ligeramente" con un déficit "más bondadoso" a aquellas que tengan un "mejor comportamiento fiscal".

Además, se ha referido a la cesta fiscal para explicar que se pueden "encontrar puntos de encuentro" y equilibrios entre aquellos tributos que deben estar centralizados –como el de sociedades, según ha dicho– y otros que "sí que pueden estar bajo competencia autonómica".

Respecto a la población ajustada del nuevo modelo, observa que se pueden hacer "retoques" con nuevas variables, mientras el reciente informe del Ministerio de Hacienda sobre este tema deja abiertas "horquillas" para ello.

También aboga por reformas como la del fondo de competitividad, que considera "muy marciano" y "mal diseñado", por lo que debería modificarse para garantizar equilibrar la financiación por habitante ajustado.

Decisiones "políticas"

Por su parte, también en esta comisión, el profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago (USC) y responsable comarcal del BNG de Lugo, Bernardo Valdés, ha llamado la atención acerca de que el actual sistema de financiación autonómica es fruto de decisiones "políticas". Pone de ejemplo que se decidió diferenciar a las autonomías forales de las de régimen común, pero no a las nacionalidades histórica como Galicia de otras.

"No estamos ante un debate técnico, estamos, fundamentalmente, ante un debate político", deja claro. Por ello, el resultado que Galicia obtenga de la nueva reforma "no va a depender de debates técnicos", sino de la "fuerza política" que tenga ante el Gobierno central.

En su exposición, ha reflexionado sobre el "claro sesgo" existente de limitar las relaciones de Galicia con el resto del Estado a las balanzas fiscales. Y es que se "muestra solo una parte de las realidades económicas" y se utiliza para hacer parecer al Gobierno central como un ente "generoso y solidario" frente a una comunidad gallega "económicamente dependiente".

Al respecto, ha querido poner el foco sobre aspectos como el déficit existente en Galicia en la balanza de servicios, así como que los créditos bancarios concedidos en la comunidad son "sistemáticamente menores a los depósitos bancarios" –unos 26.000 millones menos, cifra–.

A esto se suma la "continua" emigración gallega de gente joven, la cual "favorece el desarrollo de otras áreas". Advierte de que en la última década 45.000 gallegos se marcharon a Madrid, un tercio más que en los 10 años anteriores.

También ha resaltado que entre el 30% y el 40% de la energía que produce Galicia sale afuera, mientras los beneficios empresariales se quedan en manos de empresas foráneas.

Autonomía financiera

En lo tocante a la autonomía financiera, Valdés aboga por el incremento de la participación de Galicia en los tributos cedidos parcialmente. Llama también a incorporar el impuesto de sociedades que no forma parte de esa cesta tributaria, con el fin de que las empresas tributen donde estén radicadas y no por su sede social.

Aquí, remarca que el Gobierno central cuenta con control sobre sus ingresos fiscales frente a unas comunidades que "solo pueden actuar sobre una parte de esos ingresos fiscales".

Respecto a la población ajustada, se queja de que la variable de superficie tenga el "triple de peso" que la dispersión.

También coincide con otros expertos que han pasado por esta comisión sobre el papel del Fondo de Compensación Interterritorial, que cuenta con una "dotación muy escasa" y que se debería reforzar para "contribuir a corregir desequilibrios".

Finalmente, ha dicho que siendo de Lugo no podía marcharse de la comisión sin demandar a la Xunta un mayor volumen de recursos para esta provincia y Ourense a modo de reequilibrio territorial.