La Xunta cifra la factura impagada del Estado en dependencia desde 2009 en 2.100 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) –

El coste real de los servicios que se prestan a los ciudadanos está en el foco en el marco del debate activado con la reforma de la financiación autonómica y en Galicia, entre las comunidades más afectadas por el factor del envejecimiento, son elevados los recursos que se destinan a financiar los servicios sociales, pero también preocupa que el Gobierno central cumpla con su corresponsabilidad.

De hecho, la Xunta, que sitúa el coste anual del sistema de dependencia en Galicia en unos 430 millones, remarca que sigue aportando casi el 70% de recursos, pese al compromiso fijado de que Estado y comunidades deberían afrontar al 50% la factura. La Xunta sostiene que para "cumplir" el Estado debería aportar 150 millones más al año y eleva su deuda con la Comunidad a unos 2.100 millones desde 2009.

Durante su comparecencia en la comisión activada en el Parlamento para contribuir a la propuesta gallega de financiación, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cifró en más de 500 millones el sobrecoste anual para Galicia de la dispersión. Pero el desembolso de recursos, y en consecuencia la relevancia de los fondos que se puedan recibir desde el Estado, es también notable en el apartado de servicios sociales.

Así lo refleja un informe remitido a este órgano desde la Consellería de Política Social sobre el coste efectivo de la prestación de los servicios de mayores y dependencia. En concreto, la Xunta alude a un presupuesto anual para el apartado relativo a los servicios de dependencia que ronda los 430 millones de euros.

Y fuentes de Política Social han trasladado a Europa Press que, en 2021, aún con las subidas aplicadas de forma paulatina por el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico seguía aportando en torno al 67% del coste de la dependencia, lo que ratifica que más de 15 años después de la aprobación de la ley que regula el sistema continúan sin cumplirse los compromisos fijados en materia de la financiación.

Reivindicación de las comunidades

Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que impulsó en 2006 la aprobación de la ley de dependencia que estipulaba varias prestaciones para ciudadanos dependientes que necesitan ayudas para realizar actividades básicas de la vida diaria. Para financiar este sistema, se fijaba que las comunidades sufragarían el 50% y el Estado el otro 50%, pero una de las reivindicaciones autonómicas desde hace años es que esto nunca ha ocurrido.

Y fue una de las que puso sobre la mesa el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando en enero de 2020, remitió una veintena de cartas a los miembros del nuevo Gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez. En concreto, le reclamó al entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que la Administración central participase "de manera equilibrada en el sostenimiento" del sistema de atención a la dependencia.

2.100 millones desde 2009

Pero en 2021, la Xunta seguía aportando el 67%. Fuentes de Política Social han trasladado a Europa Press que de los 430 millones que cuesta, la Comunidad aporta 290, con lo que para llegar a la financiación del 50-50 comprometida, dado que la Administración gallega no quiere retirar recursos, sería preciso que el Ejecutivo central aportase 150 millones más.

Y en este contexto también pone cifra a la deuda que tendría, conforme estos términos, el Estado con Galicia desde el año 2009. En concreto, calcula que si los distintos gobiernos de España hubiesen aportado la misma cantidad que la Xunta para financiar el sistema de la dependencia, se habría contado con 2.100 millones más para atender a personas con dependencia en Galicia.

En la actualidad, el sistema de atención a la dependencia llega a más de 65.000 gallegos, mientras que la Xunta remarca que hace 12 años las atendidas eran unas 15.000.

Plazas en residencias

El informe sobre el coste efectivo de la prestación de servicios a mayores y a personas de discapacidad remitido al Parlamento certifica, en otro orden de capítulos, la inversión ligada a algo más de 7.000 plazas de residencias gestionadas de forma directa, indirecta y a través de conciertos. Pero la Xunta aporta bonos a mayores hasta financiar con recursos públicos un total de 13.000, según concretó recientemente la conselleira de Política Social, Fabiola García.

En todo caso, en el informe se refleja que, para sustentar un total de 7.005 plazas (2.179 de forma directa y más del doble, 4.826 por vía de gestión indirecta y plazas concertadas), la Xunta destina más de 150 millones de euros.

Y es que en el ámbito de la atención a mayores, la Xunta tiene plazas residenciales en centros de titularidad propia y también en centros de titularidad privada o municipal, por la vía de contrato. Además, los centros de titularidad propia pueden estar gestionados directamente por la Administración allega o por una entidad gestora externa.

Discapacidad

También refleja el informe un total de 5.546 plazas de atención residencial a personas con discapacidad, distribuidas en centros de titularidad propia (420 de las mismas) y de gestión concertada e indirecta (las 5.126 restantes). En las de titularidad de gestión concertada e indirecta la inversión es de 68,7 millones, y de 27 millones en las de titularidad propia, hasta totalizar un presupuesto que supera los 95,7 millones de euros.

Además, Política Social enumera otros programas como el de respiro familiar para el ámbito de la discapacidad, o el sistema de teleasistencia, en sus diversas modalidades.