Rolando Figueroa Martínez, venezolano y miembro del principal partido opositor a Nicolás Maduro –Voluntad Popular–, acudió ayer lunes ante la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, para presentar un escrito en el que explica su situación, sobre la que pesa una extradición a su país. Pide la intervención de las instituciones sobre su caso, del cual informará la valedora al Defensor del Pueblo, para que se estudie su condición política.

Casado con una coruñesa desde hace 14 años con la que es padre de dos hijos menores de edad, Rolando Figueroa tiene una petición de extradición del Gobierno venezolano, que según explicó en el encuentro y los medios, se basó por un lado por un supuesto delito de estafa y, por otro, por supuesto delito de pertenencia a organización criminal y financiación a grupo terrorista.

Según las explicaciones ofrecidas por el propio Rolando Figueroa, la Audiencia Nacional desestimó su apelación con respecto al delito de estafa, lo que, indicó, automáticamente supone la extradición si se confirman los supuestos –como la existencia de convenio bilateral–. Precisamente, sobre este punto, advirtió de que se estaba "aprovechando" la existencia de este convenio para realizar una extradición que, si se cursase por motivos políticos, entiende que no iría hacia delante de la misma forma.

De hecho, ha centrado la problemática en ese supuesto delito de estafa, puesto que esa supuesta pertenencia a una organización de crimen organizado fue desechada por la propia Audiencia que, sin embargo, no entra a evaluar los supuestos hechos del delito de estafa al no tener competencia para juzgarlos.

Rolando Figueroa ha explicado que, precisamente, la dificultad en la que se encuentra tiene en parte que ver por no ser considerado opositor venezolano, sino como un miembro "de base", lo que llevaría hasta ahora a no ser considerada una actuación con motivación política.

Sin embargo, Figueroa ha acreditado que su situación es una "venganza" de una comisaria política, funcionaria con la que coincidió como alto cargo del Gobierno tras su nombramiento en 2006 (hasta junio de 2017), periodo en el que, dijo, "no se doblegó al régimen".

Hechos que pide que se revisen

Rolando Figueroa llegó a España de forma reglamentaria en septiembre de 2017, tras un periodo de un mes en Estados Unidos y después de salir con su pasaporte de Venezuela, según ha relatado él mismo. Está empadronado desde entonces en A Coruña.

En octubre de 2018 solicitó la nacionalidad española por residencia, de forma telemática, tras haber "consignado" los requisitos exigidos por ley. Según el escrito de amparo y ayuda ante el Valedor do Pobo, su solicitud aparece en tramitación y recuerda que su residencia de régimen comunitario vence en septiembre de 2022.

En su explicación ofrecida, ha indicado que el supuesto delito de estafa versaría en que la "comisaria política", que fue alto cargo de un instituto público sanitario –agregó–, habría contratado unos servicios de fertilidad y de terapia oncológica –en este caso para su madre– con una sociedad de la que era asesor Rolando Figueroa y que se realizaron pagos por valor de 100.000 y 110.000 dólares en 2013.

El miembro del partido opositor ha asegurado que la denuncia, que se interpuso en 2018 –cuando ya había salido del país y con el argumento de que no se había localizado a la persona en seis años–, recoge un relato "novelesco" en el que incluso –dijo– el tratamiento se llegó a contratar antes de la enfermedad. Además, indica que el supuesto acuerdo fue "verbal" y que el dinero supuestamente abonado, cuyas transferencias –dijo– "no fueron acreditadas", se habrían hecho a través de una persona interpuesta.

Por ello pide –aunque los hechos concretos no se pueden juzgar en España– que se estudie la denuncia en detalle para que sea considerada esta denuncia como una "venganza política", al respecto de lo que afirmó que esta mujer que lo denunció se "infiltraba" en manifestaciones de los opositores y lo "identificó" en su momento.

Por ello pide –aunque los hechos concretos no se pueden juzgar en España– que se estudie la denuncia en detalle para que sea considerada esta denuncia como una "venganza política", al respecto de lo que afirmó que esta mujer que lo denunció se "infiltraba" en manifestaciones de los opositores y lo "identificó" en su momento.

En declaraciones a los medios tras las reunión, Dolores Fernández Galiño ha indicado que se han "admitido" las dos solicitudes formuladas, tanto la paralización del expediente de expulsión como la petición de agilizar el expediente de nacionalidad, y se le darán traslado al Defensor del Pueblo.

Por su parte, Rolando Figueroa ha advertido de que si es extraditado será "torturado" y "posteriormente asesinado, dejando una familia huérfana en España". "Pido para que mi caso sea revisado y no marcar ese precedente traer como consecuencia nefasta mi muerte", ha explicado.

El PP lleva el caso al Senado

El senador del Partido Popular por la provincia de A Coruña, Miguel Lorenzo, presentó ante la Mesa de la Cámara Alta una pregunta dirigida al Gobierno para que aclare cuanto antes su postura ante una posible extradición del abogado venezolano Rolando Figueroa.

El senador alerta en su escrito al Gobierno al hecho de que Venezuela reclama a Figueroa por un procedimiento que se inició dos años después de su salida del país, cuando ya estaba residiendo en España. Y apunta que "presuntamente estamos ante una persecución política más que de una actuación derivada de un hecho delictivo".

Lorenzo recalca que Venezuela es un país que no respeta los derechos humanos ni la presunción de inocencia. "Tampoco existen garantías judiciales mínimas que garanticen un proceso justo, sobre todo cuando se trata de una persona reconocida por su militancia de oposición al régimen de Maduro, que tuvo que salir del país debido a las amenazas sufridas sobre él y su familia". El senador estima que en caso de ser extraditado su integridad física "podría correr peligro".

"En el hipotético caso de que se conceda la extradición, ¿qué garantías tiene el Gobierno de que se va a respetar la integridad física de Rolando y que va a tener un proceso justo?", inquiere el senador al Ejecutivo.

Miguel Lorenzo visitó el pasado verano a Rolando Figueroa cuando estuvo encarcelado durante unas semanas en la prisión de Teixeiro. Ya entonces alertó sobre la situación que se estaba produciendo porque apuntaba que la detención tenía que ver con un presunto delito de estafa "del que nunca se aportaron pruebas y del que nunca tuvo noticia el encausado durante los seis años que residió allí antes de exiliarse".

"Las autoridades españolas deberían de entrar al detalle en cada uno de estas solicitudes", reclama Miguel Lorenzo. "Es una cuestión de humanidad que excede a los colores políticos y las ideologías y es así como deberíamos enfocarlo", recalca el senador.