Asociaciones vecinales gallegas piden seguridad jurídica ante la ocupación de viviendas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) –

Asociaciones y entidades vecinales de Galicia se han sumado a la demanda, liderada por la Xunta de Galicia, al Gobierno central para que impulse una reforma legislativa que ofrezca "soluciones duraderas y eficaces ante casos de ocupación ilegal de viviendas que, además generan una sensación de impunidad entre los afectados y las personas que conviven con este problema".

Así lo ha señalado la Xunta de Galicia en un comunicado, donde ha informado además de que la conselleira en funciones de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, se ha reunido esta semana con representantes de la Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro (CoGaVe), encabezados por su presidente, Fernando Rois.

En la reunión se ha abordado la ocupación ilegal de viviendas en la comunidad y conocer "de primera mano" sus impresiones sobre la evolución del fenómeno, que en los últimos dos años ya motivó, destacan, varias reuniones entre la responsable autonómica y los colectivos vecinales.

La conselleira les ha trasladado que en los últimos meses la Xunta volvió a insistirle al Ejecutivo central en la "urgencia" de impulsar las reformas legislativas necesarias para equiparar España a países como Holanda, Alemania o Francia, donde el marco normativo vigente "garantiza recuperar con rapidez una vivienda ocupada".

A este respecto señalan que los puntos clave de la demanda de la Xunta son otorgar a las comunidades de vecinos el derecho de actuar ante la justicia para "exigir el cese de las molestias y mismo la desocupación de un inmueble"; arbitrar mecanismos jurídicos que permitan garantizar el desalojo cautelar del inmueble en las primeras horas; endurecer las penas tanto para disuadir a los okupas como para acabar con la sensación de impotencia de los afectados; y lograr un marco normativo que ponga freno a esta situación.

Por su parte, los responsables de CoGaVe han transmitido su "inquietud" por el aumento de casos de ocupaciones que perciben, así como por la conflictividad social y los problemas de convivencia detectados en las zonas de la comunidad más afectadas. Ambas partes han coincidido también en apuntar hacia la Ley de Vivienda estatal, actualmente en tramitación parlamentaria, y que consideran "no contribuirá a mejorar la situación".

Advierten además de que con la redacción actual se admite la ocupación ilegal de viviendas como una forma de acceso al parque público residencial, "incluso de forma preferente al resto de unidades familiares debidamente inscritas en el registro de demandantes". De hecho, la Xunta ha presentado alegaciones a este respecto.

CoGaVe también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de colaborar en un futuro con la Consellería para asegurar un servicio de acompañamiento pensado para que las personas mayores que se vean afectadas por la ocupación ilegal de su vivienda, puedan contar con el apoyo de los colectivos vecinales a la hora de dirigirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad, e incluso al juzgado para tratar de resolver el problema.