SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) –

El segundo año de la pandemia por la covid-19 mantuvo al alza la actividad del Valedor do Pobo, institución comisionada del Parlamento que preside Dolores Fernández Galiño. Así, el informe de actividad de 2021 recoge un aumento "considerable" del 34% en el número de asuntos –al pasar de 2.912 a 3.936–, mientras que se multiplicaron por dos los expedientes –pasando de 5.387 en 2020 a 10.736 en 2021 (de los cuales 5.502 fueron presentados por mujeres)–.

Así las cosas, las actuaciones –que incluyen las quejas colectivas, la atención presencial y telefónica– ascendieron a 19.544 frente a las 12.913, un dato que, en palabras de Ferández Galiño, es "especialmente relevante" porque en el ejercicio anterior ya habían subido. La actividad también se vio incrementada en la cifra de actuaciones de oficio, que pasaron a 103 en el informe de 2021 (+16%).

En cuanto a las consellerías, la de Sanidade ha sido la que ha concentrado el mayor número de asuntos, con un 41,97%. En este sentido, la pandemia ha seguido marcando las quejas y consultas realizadas, sobre todo, vinculados al proceso de vacunación, el cual fue central los primeros meses de 2021 hasta poder inyectar las dosis a toda la población diana, especialmente a los más vulnerables.

Durante esos meses, como ha explicado la valedora en la rueda de prensa de presentación el informe, hubo diversas quejas y consultas acerca de la administración de las vacunas, vinculadas con grupos vulnerables o ciudadanos que tenían una situación especial, como los estudiantes que tenían una beca Erasmus.

Ligado a ello, y preguntada sobre si cabía esperar una reducción de quejas en el balance de 2022 por la ‘normalización’ de la pandemia (al estar ya implantado el proceso de vacunación), Dolores Fernández Galiño ha sostenido que es previsible y, como prueba de ello, ha apuntado que hay unas 800 menos con respecto al año anterior en las mismas fechas, lo que se reflejaría también en el ámbito sanitario.

Las áreas de la institución con más actividad fueron sanidad (22,18%), empleo público y trabajo (10,72%), corporaciones locales y servicios municipales (10,56%) e inclusión social (7,45%). Así las cosas, un total de 19.544 personas se dirigieron a la institución para presentar reclamaciones o pedir orientación y asesoramiento sobre sus problemas. Los datos son 1.427 en atención presencial (una media de 119 al mes); 7.380 en atención telefónica (615 mensuales); y 10.736 expedientes de queja (895 mensuales).

Actuaciones de oficio

En cuanto a las actuaciones de oficio, inclusión social acaparó 32; la vivienda y los desahucios, un total de 31; la garantía de derechos digitales, 15; y medio ambiente, 10. Por debajo de la decena, se situaron sanidad (5), igualdad de género (5), industria y comercio (2), y corporaciones locales, discriminación por orientación sexual y derechos lingüísticos (una en cada uno de los casos).

De las 10.373 expedientes, se admitieron a trámite 10.047 y se concluyeron 7.342, mientras que 2.699 siguen en trámite. Además, más de 364 se remitieron a otras instituciones.

De las 10.791 cuestiones planteadas a la defensoría gallega, 9.436 tenían que ver con la Administración autonómica y 1.149 con ayuntamientos. Además, las diputaciones provinciales aglutinaron 49 y otras corporaciones públicas, 128; mientras que las universidades sumaron 28 (la que más, la de Santiago de Compostela, con 19).

En la rueda de prensa, la valedora do Pobo también destacó el compromiso de la institución con la defensa de los derechos lingüísticos, área en la que hubo 261. De ellos 234 fueron promovidas por A Mesa pola Normalización Lingüística y el Observatorio de Dereitos Lingüísticos y, del total, 36 fueron remitidas al Defensor del Pueblo.

Tramitación parlamentaria

En su intervención en rueda de prensa, la valedora ha advertido de, nuevo, es preciso estar en alerta frente al "riesgo del retroceso global" en derechos humanos derivados de la pandemia, y puso el acento en cuestiones como la brecha en la igualdad de género o la atención digital en sectores poblaciones como los mayores, que les supone "inseguridades" y "desconfianza". Por ello, ha pedido que "no se fuerce" al uso digital de determinadas personas y se garantice la atención con otras alternativas.

La alto comisionada ha defendido los avances en la legislación gallega en materia de igualdad y ha remarcado la lucha contra la pobreza, también con actualizaciones normativas, dos aspectos en los que apuesta seguir luchando "contra la discriminación".

La valedora do Pobo ha entregado en la mañana de este lunes al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el informe ordinario de la institución correspondiente al ejercicio 2021, que ahora inicia su tramitación en la Cámara gallega. Según la información aportada por el Legislativo, la Mesa del Parlamento calificará esta semana el documento, a lo que le seguirá la comparecencia de la valedora ante la Comisión de Peticións (previsiblemente la semana que viene) y, finalmente, en el pleno (si todo sigue el guion, antes de la parada estival parlamentaria).