El TC desestima el recurso de la Xunta por los límites a las concesiones en el litoral

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) –

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública su decisión de desestimar el recurso presentado por la Xunta contra la ley estatal de cambio climático y en la que se restringió el cómputo de los plazos de las concesiones privadas de terrenos públicos en la costa.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado del 21 de mayo se publicó la Ley de cambio climático, con respecto a la que el Gobierno gallego mantiene discrepancias en relación con el artículo 20, que prevé la consideración del cambio climático en la planificación y gestión de la costa, así como en la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

Esto es algo que, según argumenta la Xunta, afecta la duración de las concesiones y de sus prórrogas en el dominio público marítimo terrestre, así como los requisitos para acceder a estas, provocando "una gran confusión normativa", sin permitir que sus destinatarios y los operadores jurídicos sepan la que atenerse.

El recurso se presentó con Alberto Núñez Feijóo aún como presidente y en un contexto en el que la Xunta ha reprobado reiteradamente la actitud del Gobierno con Ence y su prórroga.

En su día también lamentó tener que dar este paso ante la "discrecionalidad" de la norma y trasladó que el recurso tenía como objetivo buscar una solución que "dé seguridad" jurídica a más de un centenar de empresas de la cadena mar-industria y a otras cerca de 3.000 edificaciones ubicadas en la línea de costa.

La Xunta pendiente de los argumentos jurídicos

Tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como la conselleira do Mar, Rosa Quintana, se han pronunciado este viernes sobre la decisión del TC, a preguntas de los medios. El mensaje es que respetan el fallo, pero todavía no conocen los argumentos jurídicos, que se desvelarán en los próximos días.

En ello ha incidido Quintana, mientras que Rueda, desde Madrid, donde mantuvo una reunión con el Rey Felipe VI, ha esgrimido que los servicios jurídicos autonómicos examinarán la sentencia cuando la reciban; y su objetivo es seguir defendiendo su postura.

"Es posible la ordenación del litoral, que nos interesa muchísimo que esté preservado, pero la vida económica tiene que seguir", ha esgrimido, convencido de que se pueden compaginar ambos extremos.