La conexión del sistema ERTMS entre Ourense y Santiago de Compostela, que se llevará a cabo entre los días 22 y 25 de abril y obligará a interrumpir el tráfico entre ambas ciudades, ha llegado hasta el juicio del accidente del tren Alvia. Las víctimas, que están estos días declarando en el proceso judicial de la Cidade da Cultura, se han alegrado que Adif ponga en servicio este sistema de seguridad, incluyendo el tramo de Angrois, donde se produjo el siniestro.

El portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, ha estado hoy en Santiago de Compostela para declarar en la parte civil del juicio. Ante los medios de comunicación el representante ha señalado que son muchos los que se alegran "un montón" del despliegue del sistema de control y "de que llegue hasta Santiago, hasta A Coruña y hasta donde sea", pero también ha avisado: "Que no lo desconecten".

Es precisamente el ERTMS, su inclusión en el proyecto inicial y su desconexión, una de las piezas claves para dictaminar responsabilidades en el accidente ferroviario en el que fallecieron 80 personas y provocó más de 140 heridos. Durante su comparecencia, Andrés Cortabitarte, ex jefe de seguridad de Adif, negó que la desconexión del sistema de frenado hubiese supuesto una disminución de la seguridad ya que el vehículo transitaba con Asfa.

A lo largo del juicio varios testigos y técnicos han admitido que en el verano de 2013 el ERTMS se había desconectado por incidencias que habían provocado retrasos y que por el "confort" de los pasajeros. Durante sus declaraciones antes de entrar a la sala, Domínguez ha pedido que antes de volver a tomar una decisión similar "hagan los análisis de riesgos pertinentes y tomen las medidas preventivas".

"Puede estar –el ‘ERTMS’– hasta Santiago, hasta A Coruña o hasta Moscú, pero si lo desconectas por retrasos, que fue lo que se hizo en nuestro caso, pues de poco va a servir", sentenció el representante de las víctimas.

"Era evitable el accidente"

Desde el pasado mes de febrero, familiares y afectados por el siniestro han pasado por el edificio CINC de la CIdade da Cultura para prestar declaración ante la magistrada Elena Fernández Currás. En esta fase civil les ha tocado "exponer el daño físico, moral y psicológico" que sufrieron. "Es un momento duro, pero más todavía cuando sabes que la tragedia era evitable", ha subrayado Jesús Domínguez.

"A lo largo de todo el juicio oral ha quedado demostrado que si Adif, tal y como dice el escrito del fiscal, hubiera hecho su trabajo y hubiera analizado los riesgos, tanto en la puesta en servicio de la línea, como cuando se desconectó el sistema de seguridad, no estaríamos aquí", sentenció el representante de las víctimas.

El portavoz también ha destacado esta mañana que es gracias a plataformas como la suya que se conozcan documentos y estudios Adif que se han añadido a la causa del juicio. "Al final las víctimas y familiares hemos tenido que dedicar mucho tiempo, porque no lo digo yo, lo dicen los autos de los jueces: Adif no colaboraba, no entregaba papeles; ha habido papeles que han aparecido tres y cuatro años después".

Tanto Domínguez como muchos otros han llevado el caso hasta las instituciones europeas, así como recabado opiniones de peritos y expertos en accidentes ferroviarios. "Toda esa lucha, ese trabajo, ha sido un daño añadido, porque había instituciones que no estaban colaborando", ha señalado. El hecho es que les han dedicado "miles de horas a este asunto", explicó.

Aunque tanto él como otros afectados han indicado que es "imposible" reparar el daño o superar lo ocurrido el 24 de julio de 2013, lo que sí que esperan es que la sentencia acabe condenando a Andrés Cortabitarte, "por no hacer los análisis de riesgos al inaugurar la línea y al desconectar el sistema de seguridad".