La reunión de este jueves entre el Ministerio de Justicia de Pilar Llop y el comité de huelga (compuesto por CSIF, STAJ, CCOO y UGT) ha terminado sin acuerdo y antes de lo previsto debido al abandono del comité de huelga del encuentro en el que se negociaban los servicios mínimos exponiendo como motivo la actitud del Ejecutivo. "Un Gobierno sordo y ciego ante una justicia que revienta por los cuatro costados", lamentaron.

"La estrategia del Ministerio de Justicia es alargar el conflicto de manera artificial a pesar del perjuicio causado a los ciudadanos, cuyos intereses dependen en muchos casos de una resolución judicial", han expresado, mientras advirtieron que la huelga indefinida, si nada cambia, comenzará a partir del 22 de mayo. Esta situación afectaría a la justicia gallega y también a todos los tribunales de España, en lo que sería un segundo golpe duro en lo que va de años tras la huelga de letrados judiciales que se extendió casi 10 semanas.

En un comunicado del sindicato, recogido por Europa Press, se apunta que la cifra de juicios que han tenido que ser aplazados o suspendidos durante este primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de Justicia asciende a medio millón. A esta cifra se suman más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas. "El Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios, que supone el 93% de la plantilla", han detallado.

En el comunicado resaltan que "el único responsable es el Gobierno" y en concreto la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que el sindicato reclama ya una oferta económica. En este contexto, los trabajadores afectados recuerdan que ya registraron en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le emplazaban a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y que permita negociar la redacción de los proyectos de ley que les afectan.

Todo esto se deriva de reuniones anteriores entre las partes en las que no ha habido consenso para aceptar la segunda oferta del Ministerio, que se elevó de 44 a 46 millones (lo que supondría 490 euros mensuales) y solo las dos asociaciones progresistas (JJpD y UPF) estarían dispuestas a firmar este acuerdo.

El objetivo de los encuentros era una actualización salarial satisfactoria para jueves y fiscales que evitase esta huelga, que de producirse dañaría aún más al sector de la justicia debido a la reciente huelga llevada a cabo por los letrados judiciales de la comunidad y a nivel nacional que se extendió 10 semanas y paralizó los tribunales, provocando así retrasos aún mayores en causas pendientes. Jueces y fiscales denuncian que el problema está en "la estructura retributiva" y detallaron que los 44 millones propuestos inicialmente "sólo solventarían un 6% su pérdida de poder adquisitivo".

Concentración en Ferraz

En cuanto a las movilizaciones, CSIF indica que tras la concentración de este jueves frente al Congreso, llegará la del próximo martes, 23 de mayo, cuando se dará "una gran protesta en Madrid delante de la sede del PSOE", en la calle Ferraz. Tras esta, el jueves 25 de mayo habrá otra manifestación en Madrid que comenzará en el Ministerio de Justicia y concluirá en la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cabe recordar que el comité de huelga exige una mejora salarial, en concreto de entre 350 y 430 euros. Señala el sindicato que esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales.

Indica que esto permitirá elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen. Ligan esta subida a participar en la negociación del contenido de las leyes de eficiencia "que están llamadas a transformar la Administración de Justicia".