El 24 de julio se cumplirán diez años desde el accidente ferroviario en el que perdieron la vida 80 personas, 145 resultaron heridas y que enmudeció a toda Galicia. En coincidencia con la fecha, la magistrada Elena Fernández Currás dará por concluido el juicio oral, por lo que solo quedará pendiente la resolución final.

A los dos procesados, el maquinista, Francisco Garzón, y el ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, se les imputan 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave. La mayoría de las partes piden cuatro años de cárcel para cada uno, al primero por la conducción y al segundo por el análisis de riesgos de la línea afectada: entre Ourense y Santiago.

En intervenciones pasadas ante la jueza Garzón volvió a pedir perdón a las víctimas porque "fue un accidente" y no pudo "evitarlo". Su defensa alega que fue, de hecho, víctima de un delito contra el derecho a la seguridad de los trabajadores, al carecer la vía y el tren del sistema de frenado automático ‘ERTMS’.

Por su parte, Cortabitarte culpó al maquinista por la conversación telefónica que mantenía con el interventor momentos antes del descarrilamiento. Descargó responsabilidad en la unión temporal de empresas (UTE), el evaluador independiente (Ineco) y también en el Ministerio de Fomento y Renfe. Corbiate no carga con la acusación de la Fiscalía, ya que esta la retiro ya avanzado el juicio por "dudas" sobre su responsabilidad; ante el asombro de la sala.

El giro de la Fiscalía fue tachado de "inédito" por las acusaciones populares (las que ejercen las dos asociaciones de víctimas) y los letrados de afectados a nivel particular, que mantienen la acusación. Un sentir que compartía el maquinista. Una estrategia que ligan al Estado para evitar que Adif se viese salpicada por una condena desfavorable. En las próximas dos semanas el juicio comenzará las últimas cinco sesiones del juicio.