En los últimos meses han saltado las alarmas en los puntos urbanos más poblados de Galicia por las ocupaciones ilegales de viviendas. En Vigo, los vecinos de la parroquia de Valladares denunciaron la inseguridad en el barrio por los robos y la ocupación ilegal de una nave abandonada. En A Coruña, vecinos y formaciones políticas denunciaron la ocupación ilegal del Club Financiero. Estas dos ciudades gallegas son, de acuerdo con el informe de FEGEIN, las más afectadas en Galicia por este problema.

El organismo ha denunciado un repunte del problema en general en toda Galicia, pero afectando particularmente al norte, que acumula un 60% de los delitos en 2022. Preocupa particularmente, según destacan en el informa, la comercialización de las propiedades "presuntamente ocupadas" porque "de alguna manera el mercado empieza normalizar una problemática que no debería cronificarse".

"La okupación se ha agravado en los últimos 18 meses, y muchas de las ocupaciones ya ni siquiera se denuncian ante la inseguridad jurídica y la tardanza judicial para solucionar el problema", denuncian. "Con lo que son cada vez más los propietarios afectados por esta lacra los que contratan servicios de empresas de okupaciones, o intentan llegar a un acuerdo económico con los okupas, lo que es muy preocupante por el efecto multiplicador que ello conlleva para erradicar este grave problema."

De acuerdo con los datos de juicios verbales posesorios por ocupación publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en Galicia en 2022 hubo un total de 101 procesos de este tipo, siendo Pontevedra la provincia más afectada con 44 y seguida de cerca por A Coruña, con 41. Es en el primer trimestre, de acuerdo al órgano judicial, en Galicia se han registrado 19 juicios verbales posesorios.

Este tipo de procedimientos son, según explica la misma estadística, "procedimientos para que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas."

Este es el proceso más rápido para reclamar una vivienda ocupada pero requiere que la intervención de un abogado e informar al Ayuntamiento pertinente para que evalúen la situación de las personas que moran en el inmueble.

Sin embargo, desde FEGEIN aseguran que estas cifras no se corresponden con la realidad social. Argumentan que, según sus estimaciones, en el último año ha habido "más de 1.000 propiedades okupadas ilegalmente en el conjunto de los 313 concellos de Galicia". "Estas estimaciones no se corresponden a las denuncias presentadas debido a la lentitud del sistema judicial y una legislación que no soluciona la tremenda inseguridad jurídica en este complejo tema", aclaran. Las cifras, señalan , son un 15,3 % superiores a las de 2021, alcanzando un "máximo histórico" en la comunidad.

El perfil de una vivienda susceptible de ser ocupada ilegalmente es difícil de averiguar. "La titularidad de los propietarios de todas las ocupaciones es compleja de saber, aunque calculamos que aproximadamente un 88% son de procedencia bancaria, fondos de inversión y Sareb. En el resto estarían particulares, y propiedades vacías de administraciones públicas" , según indica el presidente de la entidad Benito Iglesias.

Las casas de los particulares, en especial, se convierten en activos financieros difíciles de vender ya que la pérdida de valor "puede llegar al 60% del total". "En la práctica totalidad, cuando se recupera la propiedad libre de okupas, está siempre está destrozada literalmente, con lo que hay que prever unos gastos de reformas que en muchos casos hacen inviable cualquier operación de adquisición", critican.

"El coste de los propietarios es altísimo, porque además de verse privados del uso de sus viviendas, tienen que asumir el pago de los suministros que las viviendas tengan contratados a su nombre, además de seguir pagando los gastos comunitarios, y por último, todos los gastos jurídicos que conlleven la tramitación procedimientos judiciales y los gastos para reparar los desperfectos existentes a la marcha de los okupas", denuncian.

El enquistamiento de este problema, principalmente en grandes ciudades y municipios costeros turísticos, provoca que los propietarios de inmuebles sean cada vez más reticentes de colocar estos en el mercado del alquiler. "Dos tercios de los propietarios que ponen su vivienda en arrendamiento se sienten preocupados por su posible okupación o impagos de rentas", señalan.

A Coruña representa más del 50% de las okupaciones en Galicia

De acuerdo con los datos de la entidad la provincia más afectada por este fenómeno es la de A Coruña, con más de un 50% de los delitos, seguida por Pontevedra, con un 24%, Lugo, con un 16% y Ourense, con un 10%.

En la ciudad herculina los barrios más afectados incluyen a Monte Alto, la zona de ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira o La Barreira, mientras que en Vigo la parroquia de Teis, Calvario y Cabral, así como varias calles del Casco Vello, son las que registran mayores números de viviendas ocupadas ilegalmente.

En la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, las ocupaciones destacan de nuevo en calles del casco histórico y alrededores, como el barrio del Pexigo, la rúa de Belvís, la calle Rueiro de Figueiriñas o la rúa de San Pedro. También en la provincia de A Coruña, el FEGEIN destaca los problemas en el barrio de Abesadas, en Ribeira, y en la Ciudad Jardín y el barrio de Recimil en Ferrol.

En las otras capitales provinciales, Lugo y Ourense, también hay zonas afectadas por estos delitos. En Lugo la "especial preocupación· está en el barrio de A Milagrosa, As Gándaras, el barrio Feijóo y A Chanca", mientras que en Ourense el barrio de O Couto se sitúa como la zona más problemática.

"Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, y con numerosos conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia", destaca el presidente Benito Iglesias. "Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, sino también el de resto de propiedades de la zona".

"En definitiva, la realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación en nuestra comunidad autónoma, debido a una legislación que no afronta la problemática actual en un contexto económico adverso", concluye el presidente.

Ante este problema desde FEGEIN exigen cuatro cambios legislativos para abordar este problema: el desalojo en 24h una vez se comunique a la Policía el hecho delictivo, recuperar del Código Penal el delito de usurpación de bienes inmuebles, impedir desde las administraciones públicas el empadronamiento de las personas que moren ilegalmente en estas propiedades, y un endurecimiento de las penas "en caso de que se traten de grupos mafiosos quienes estén detrás de okupaciones que únicamente buscan un fin económico ilegal e extorsionador."