El gallego, el catalán y el euskera podrán hablarse en el Congreso a partir de la próxima semana. PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo este miércoles que permitirá utilizar las lenguas cooficiales de España en el hemiciclo el próximo martes, cuando se celebre el primer Pleno de la XV Legislatura. De este modo podrán hablarse estas lenguas en el hemiciclo antes de que se apruebe la reforma del Reglamento del Congreso que contempla este punto, y que se debatirá de hecho en esa primera sesión.

La Mesa del Congreso ha adoptado este miércoles un acuerdo, con los votos del PSOE y Sumar y la oposición del PP, para que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en el hemiciclo ya desde el próximo martes, recoge Europa Press.

Así, los diputados que lo deseen, ya las podrán usar en el debate de toma en consideración de la proposición de ley que contiene esa reforma reglamentaria, y que será el único punto del Pleno del orden del día que se celebrará la semana que viene.

Fuentes parlamentarias han explicado asimismo que la traducción del catalán, el gallego y el euskera estará garantizada desde el martes, puesto que el Congreso contratará a los traductores que estime oportunos de entre los que ya venían trabajando en el Senado. Eso sí, si alguien quiere hablar en bable o aranés deberá autotraducirse.

Además, habrá auriculares para que todos los presentes en el hemiciclo (no sólo parlamentarios sino también las taquígrafas, periodistas, invitados o público) puedan entender a todos los oradores. La Cámara ya cuenta con auriculares que se han utilizado en las visitas de invitados internacionales pero tiene previsto adquirir más.

Esta decisión fue fruto de el acuerdo alcanzado por PSOE y ERC para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol, y que contemplaba como requisito la posibilidad de hablar las lenguas cooficiales en las sesiones del Parlamento. El acuerdo incluía también una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, el espionaje a políticos independentistas mientras gobernaba el PSOE, además de avanzar para "desjudicializar" el "conflicto político" derivado del referéndum ilegal de octubre de 2017.