Representantes de la plataforma Homologación Justa Ya en Galicia se han concentrado este viernes frente a la sede de la Delegación del Gobierno en A Coruña para exigir que se homologuen sus títulos universitarios obtenidos en el extranjero y poder así ejercer sus profesiones. Se trata de profesionales de distintos sectores que residen en España pero cursaron estudios superiores en otros países y están a la espera de que sus títulos sean válidos para poder trabajar de aquello para lo que se formaron.

Omar Montilla es médico y ginecólogo, cursó sus estudios en una universidad de Venezuela que tiene convenio con España. En su país de origen ejerció durante 30 años esta profesión pero ahora lleva casi tres años esperando a que se homologue su título: "Soy médico pero ahora trabajo como auxiliar en la cocina de un restaurante", relata. Antes trabajó también una temporada como jardinero. Unas profesiones que, lamenta "están infravaloradas".

"Nunca he podido ejercer aquí en el campo para el que estoy formado. Mi expediente está completo y cumplo con todos los requisitos pero lleva dos años en revisión", denuncia.

Él es uno de los miles de profesionales que están a la espera de tener homologado su título para poder ejercer. En Galicia son alrededor de 300 adheridos a la plataforma, y aunque hay personas pertenecientes a distintos sectores, el sanitario es el más afectado. La comunidad gallega tiene transferidas las competencias para homologar títulos no universitarios, pero los universitarios siguen siendo competencia del Gobierno central.

Gabriela Frías es otra de las afectadas en Galicia. Estudió psicología en Bolivia, donde trabajaba en una clínica de neuropsicología, y lleva cinco años en España esperando para poder ejercer. Actualmente es técnia de proyecto en SOS Racismo Galicia, pero antes de ello trabajó limpiando en distintas casas. A ese respecto señala que las mujeres migrantes lo tienen difícil para acceder al mercado laboral y terminan realizando profesiones que están "precarizadas".

Frías se refiere asimismo a cómo esta situación afecta a la salud mental de todas las personas que se encuentran esperando sin saber cuándo se resolverá su situación. Personas que cargan con su "condición de migrante" y con la frustración de no poder acceder a los campos profesionales para los que se formaron —y en los que invirtieron su tiempo y dinero— viéndose en muchas ocasiones arrojadas a una situación de precariedad.

"Son migajas"

Montilla señala que el real decreto de 2014 mediante el que se regulan estas homologaciones "no funcionó", y tampoco lo hizo el de 2022, mediante el que "deberían resolverse estos procesos en seis meses".

En el año 2022 se creó asimismo un plan de choque mediante el que el Ministerio de Ciencias y Universidades contrató a 68 funcionarios para desatascar el problema, pero Montilla asegura que "solo funcionó durante un mes", y no logró mejorar una situación que lleva años enquistada mientras siguen llegando nuevos expedientes.

El pasado mes de diciembre tuvieron una reunión en Madrid con el Ministerio en la que se prometió otro plan de choque para contratar a otros 26 funcionarios más este mes de enero, pero la plataforma considera que "son migajas". "Si no se logró aligerar con 68 funcionarios no se va a poder hacer con 26", lamenta Montilla.

Dada la situación, a plataforma ha organizado protestas este viernes y sábado en las 10 ciudades en las que se encuentra representada para demandar al Ministerio que agilice el proceso de homologación.