La primera junta de portavoces de la XII Legislatura del Parlamento de Galicia ha dado luz verde al calendario para la investidura de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta, que se cerrará con la toma de posesión como presidente de la Xunta el sábado 13 de abril.
La junta de portavoces celebrada este lunes ha servido, además de para aprobar el calendario del arranque de la legislatura, para configurar la composición de comisiones y diputación permanente en reflejo de los resultados de las elecciones del pasado 18 de febrero.
El grupo del PP ocupará nueve asientos en las comisiones, el BNG tendrá cinco y el PSdeG ve reducida su presencia hasta los dos. En todas ellas ha manifestado su intención de participar el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que ha dejado la puerta abierta a renunciar a su espacio en la comisión de Pesca al ser Ourense la única provincia gallega sin salida al mar.
El Parlamento de Galicia acogerá el miércoles 16 de abril la sesión solemne de apertura de la XII Legislatura ya con el gobierno en pleno funcionamiento en los sillones azules del hemiciclo. Con este pleno solemne formalmente arrancará este nuevo periodo político de cuatro años, el quinto consecutivo con mayoría absoluta del PPdeG y la primera lograda por Alfonso Rueda el pasado 18 de febrero, con 40 escaños.
Dos jornadas de debate de investidura
El debate de investidura durará dos jornadas y según figura en el borrador de calendario propuesto por el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, el debate arrancará el lunes 9 de abril con la presentación del programa de gobierno a cargo del candidato a la Presidencia.
Tras un día de receso, intervendrán los grupos parlamentarios en el pleno, el candidato responderá y se cerrará la jornada con la votación del nuevo presidente de la Xunta. Antes, el 1 de abril (lunes de Pascua), tendrá lugar la constitución de las comisiones y al día siguiente arrancarán las consultas el presidente del Parlamento con los representantes de los grupos parlamentarios para la elección a la Presidencia de la Xunta.
El 4 de abril, se volverá a reunir la Mesa y la junta de portavoces para tomar conocimiento de la propuesta de candidatura, ordenar el debate y cerrar el acuerdo de reparto de escaños. Así echaría a andar una nueva legislatura en la que el PP, con una renovada mayoría absoluta, y los populares han expresado su voluntad de desarrollar "el muy ambicioso programa electoral" con el que concurrieron a las elecciones en las que lograron 40 diputados.
El portavoz parlamentario del PP gallego, Alberto Pazos Couñado, ha fijado como objetivo "no defraudar a las expectativas generadas" en un momento en el que Galicia "se juega mucho", además de querer "seguir siendo" la "referencia de estabilidad" frente al "barullo" de la política estatal que atribuye al "inestable" gobierno de Pedro Sánchez "manejado por los independentistas".
En esta línea, ha manifestado que el grupo mayoritario está "abierto a negociar" con la oposición pero cree que será difícil porque "ya se está viendo" que "el talante moderado" que, dice, mostró el BNG "en campaña" acabó "el día de las elecciones". "No esperaron a la constitución del Parlamento para pedir una comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia o sobre supuestas anomalías en la contratación de la Xunta", ha espetado Pazos Couñago.
Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha avanzado que su grupo pedirá explicaciones en la Cámara sobre "el abuso" en la "fragmentación" de contratos que, dice, ha empleado la Xunta de forma "perversa" para entregar "contratos a dedo" por valor "de 4.000 millones de euros" en los últimos cinco años.
En este sentido, ha señalado que entre 2018 y 2023 la Xunta "concedió 1.311 contratos a dedo" a la empresa Eulen, que, como ha subrayado Rodil, está dirigida por Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Para el BNG, la "práctica sistemática" de la "contratación a dedo" del Gobierno gallego causa "un grave perjuicio económico" para las arcas públicas y "también al tejido económico" gallego porque "hurta la posibilidad" de "muchas" empresas de acudir a la licitación pública.