El PP de Galicia acusa al Gobierno de "ecologismo radical" por la nueva regulación de Costas

El PPdeG considera que el nuevo reglamento de Costas que está tramitando actualmente el Gobierno central parte de una perspectiva "propia del ecologismo más radical y totalmente alejada de la realidad de Galicia" y alerta de las graves consecuencias que tendría su aplicación para la actividad social y económica de la comunidad.

Explican los populares gallegos que el nuevo texto legal con el que el Ejecutivo pretende sustituir el anterior reglamento (anulado por el Tribunal Supremo) es "aún peor que el anterior", en la medida en que "va aun más allá" en las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica de "deshumanizar la costa gallega y acabar con toda la actividad que se desarrolla en ella".

"Ya sabíamos que al Gobierno de Pedro Sánchez le molestan las empresas, las depuradoras, los cementerios y hasta los centros de salud que se ubican a lo largo del litoral gallego. Pero ahora descubrimos que directamente está en contra de que haya vida en toda nuestra costa", argumentan a la hora de abordar las consecuencias que implicaría la aplicación del nuevo reglamento.

Insisten desde el PPdeG en la compatibilidad entre el desarrollo de actividad económica y la protección medioambiental "como siempre se hizo en Galicia" y lamentan en este sentido que el Ministerio equipare la situación de las playas gallegas con las del Mediterráneo a la hora de establecer normas de aplicación general.

"Las características de Galicia nada tienen que ver con las de otras zonas costeras de España", subrayan. A su vez, los populares contraponen la actitud del Gobierno central con la de la Xunta de Galicia, que defienden que aprobaron el pasado año la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral. Una norma que sería posteriormente recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo llegando incluso a compararla con una “declaración de independencia", concretan.

Asimismo, defienden su postura "frente a un Pedro Sánchez que niega a Galicia las competencias de gestión de su litoral que sí le concede al País Vasco".