Los 11 imputados en la pieza original de la ‘Operación Pokémon’ recibirán penas inferiores a tres años. Así lo ha acordado este lunes la Audiencia Provincial de Lugo en relación con la mayor macrocausa de corrupción política destapada en Galicia. El Ministerio Fiscal y las defensas han llegado a un acuerdo de conformidad después de que los imputados reconociese ante la jueza la autoría de los hechos.
Las irregularidades que han admitido haber cometido giran alrededor de la adjudicación fraudulenta del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Chechalva entre 2004 y 2006. Por otra parte, la Fiscalía también ha rebajado en siete años la condena solicitada en un primer momento para el principal imputado de la pieza: el ex concejal del Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares.
En esos años Liñares era el titular del área de Economía y, según lo recogido en la acusación del Ministerio Fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, aprovechó su poder en el Ayuntamiento para favorecer la adjudicación. Una actividad irregular por la que recibía mordidas. Actualmente el ex edil está ingresado en la cárcel de Monterroso, aunque su condena está vinculada a otros delitos. Este lunes ha comparecido en la vista, pero por videoconferencia.
Los 11 imputados se declaran culpables
Los once imputados han reconocido la autoría de los hechos y han aceptado las penas impuestas. Ninguna de las condenas pasa de los tres años de cárcel. El principal beneficiario ha sido Liñares, que ha pasado de los nueve años y medio de cárcel que se pedían a los dos y medio. Además, tendrá que pagar una multa de más de 100.000 euros como autor de los delitos de violación de secretos por funcionario público, cohecho en concurso con negociaciones prohibidas, prevaricación y blanqueo de capitales.
Javier Reguera y Manuel Santiso, parte del accionariado de Cechalva, han rebajado la pena de ocho años a dos años y cinco meses y dos años y un mes de prisión, respectivamente. Son autores confesos de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y delito contable continuado.
El resto de los acusados han sido castigados con penas de menor duración de entre dos meses y un año y cuatro meses de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y blanqueo de capitales. Lo que ha motivado la rebaja de las penas ha sido las dilaciones indebidas del caso, que se instruyó en el 2012.
El pacto alcanzado ha sido "agridulce" para Emilio Cortés, abogado de Francisco Fernández Liñares. "Los acuerdos siempre son agridulces porque en los acuerdos todas las partes están contentas y descontentas a la vez. Siempre quedará la sensación de que podríamos haber llegado a una sentencia más favorable para nuestro cliente igual que la acusación pensará que podría haber conseguido una condena más contundente. Pero la conformidad consiste en eso", ha dicho el letrado.