El verano de 2019, la fiesta de la Maruxaina que se celebra en la localidad lucense de San Cibrao, en Cervo, se vio empañada debido a la aparición de vídeos de chicas orinando en la calle en páginas porno. Las afectadas se unieron para denunciar lo ocurrido pero el primer paso judicial de esta causa lo dio el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro, que decidió archivar el caso.
La Audiencia Provincial de Lugo reabrió el caso entre 2022 y 2023 y se practicaron las diligencias solicitadas por acusaciones particulares y Fiscalía, volviendo a tomar declaración a las mujeres afectadas. Al lado de ellas ha estado durante este tiempo Bumei Mujeres en Igualidad de Burela, que recientemente han iniciado una campaña para recaudar fondos y pagar un informe pericial más preciso que evite el cierre de la causa.
En junio, Bumei presentó un informe preliminar indicando que existían unas vías de investigación que no se habían aprovechado, por lo que el Juzgado decretó un plazo para presentar los escritos de acusación contra el único investigado contra el que proseguía la causa. Sin embargo, Bumei solicitó que ese plazo de acusación se dejara sin efecto y que se concediese un plazo de un mes para poder realizar el informe pericial completo.
Un informe definitivo encargado a la empresa 'Quantika 14' y del que ahora depende que el caso de la Maruxaina no caiga en el olvido. Según el colectivo, el documento "aporta "datos fidedignos", según la defensa de las víctimas, acerca de la identidad de "entre cinco y seis posibles implicados".
Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, el abogado de 'Bumei', José Manuel Oliveros, que representa a tres acusaciones particulares y encabeza la acción popular dirigida desde el colectivo para intentar reactivar la causa y evitar la prescripción de los hechos.
"El informe profundiza, por un lado, en las líneas de investigación de los rastros digitales que se habían encontrado de ciertas personas, pudiendo encontrar hasta cinco o seis posibles implicados. Parte de ellos han sido identificados con nombres y apellidos y algunos otros podrían ser identificados en una posterior investigación de los cuerpos de seguridad del Estado", ha explicado Oliveros.
También ha solicitado al Juzgado que "se dé traslado de ese informe a los expertos de la Guardia Civil" para que puedan profundizar en dichas investigaciones."Hay una novedad importante en este informe y es que aparte de esa investigación basada en el rastro digital, se deja constancia de otra vía de investigación que no es puramente digital, pero que es bastante concluyente, en relación a la existencia de una posible conexión entre personas concretas en relación a esos hechos", ha puntualizado.
Unos indicios, a su juicio "muy fundados", en que que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían seguir trabajando para dar con los responsables. En esta línea, ha añadido que "había un posible plazo de prescripción que es en relación a la toma de las imágenes, pero esas imágenes posteriormente fueron difundidas y subidas a páginas de internet".
Este mes de agosto se cumplirían los cinco años, pero dispondríamos de año y medio más para evitar la prescripción en relación a la divulgación de las imágenes", precisó.