El informe elaborado por el Consello da Cultura Galega (CCG) ha provocado un debate en cuanto a la nociva actividad de Altri en Galicia, al afirmar este que la planta prevista por la empresa portuguesa Greenfiber (Altri) en Palas de Rei (Lugo) "produciría una fractura en el territorio" e "implicaría la destrucción completa o alteración irreversible" de una zona propuesta para entrar en la Rede Natura.
Estas son algunas de las conclusiones que incluye el informe elaborado por una decena de expertos de diferentes ámbitos reunidos por el CCG y que ha sido presentado el pasado jueves en la sede del Consello.
Tal y como ha apuntado la coordinadora de la Comisión técnica temporal creada para su elaboración, Teresa Nieto, además de la "fractura" en el territorio, la instalación introduciría "un elevado grado de incerteza sobre la evolución futura y la viabilidad de la recomposición del contexto social y territorial".
Un informe que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció no haber leído todavía "en su totalidad", pero que estaba "sorprendido" por que el CCG sitúe entre sus prioridades un informe sobre Altri. Así lo declaró el ejecutivo gallego este lunes en la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta.
La Comisión Europea lo niega
Por su parte, la Comisión Europea ha negado que se esté incumpliendo, por parte de los Gobiernos gallego y español, así como de Altri, las directivas que regulan la evaluación de las sustancias contaminantes en el proyecto de la compañía portuguesa en Palas de Rei (Lugo).
Así lo comunica en una carta, a la que ha tenido acceso EuropaPress, el vicepresidente ejecutivo Sefcovic en nombre de la Comisión Europea y en respuesta a la pregunta presentada por la diputada del BNG, Ana Miranda.
La información facilitada, explica Sefcovid, "no permite a la Comisión observar ninguna infracción" de la Directiva sobre las Emisiones Industriales o de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental "en esta fase temprana del procedimiento".
Apunta además que, "sin perjuicio del papel de la Comisión como guardiana de los Tratados", lo más "eficaz" sería plantear la pregunta a las autoridades de los Estados miembros.
En su argumentario, Miranda citaba una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que interpretaba la directiva de forma que, para obtener un permiso de explotación de una instalación, se debía tener en cuenta, además de las sustancias contaminantes previsibles, "todas aquellas que sean objeto de emisiones científicamente reconocidas como nocivas que puedan ser emitidas por la instalación, incluidas las generadas por esa actividad que no hayan sido evaluadas en el procedimiento de autorización inicial.
En base a esto, aseguraba en su escrito la diputada nacionalista que Altri "incumplía" dicha directiva, "ya que el proyecto presentado no evalúa el conjunto de las sustancias contaminantes".
Culpaba también al Gobierno estatal, "obligado" a establecer que la evaluación previa de las repercusiones de la actividad, tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de las personas, debe formar parte de los procedimientos de expedición y revisión de un permiso. "Y esto no se ha hecho", aseguraba.
PPdeG celebra la respuesta europea sobre las emisiones de Altri
Los eurodiputados del PPdeG, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, han valorado positivamente que la Comisión Europea no haya apreciado infracción a las directivas de emisiones en el proyecto de Altri, mientras que el PPdeG ha cuestionado la independencia del Consello da Cultura Galega (CCG), que este jueves ha presentado un informe desfavorable sobre la planta de Palas de Rei.
Respecto a la respuesta europea y tal y como apuntan en un comunicado, "Ana Miranda y el BNG solo quieren estar en Europa para hablar mal de Galicia y frenar su desarrollo económico y social. Parece que quieren volver al pleistoceno".
"El BNG, que está muy poco acostumbrado a las cuestiones de gobierno y gestión, pretende que el Parlamento Europeo investigue a Galicia por un proyecto para el que la Xunta todavía sigue realizando los estudios de impacto necesarios para su desarrollo", defienden, acusando además a los nacionalistas de "alarmistas".