Informe de la Universidade da Coruña sobre la AP-9: "La ampliación de la concesión es ilegal"

El BNG ha presentado el informe que encargó a la Universidade da Coruña (UDC) sobre la situación jurídica y el coste de un posible rescate de la AP-9 con el objetivo de dar respuesta a dos preguntas.

La primera, si es ilegal a prórroga de la concesión de 35 años de la AP-9, es decir, si es ilegal la prórroga de 10 años aprobada primero por el gobierno del PSOE y la de 25 años aprobada por el PP después.

La segunda cuestión se centra en el coste que supondría rescatar la AP-9. Según los nacionalistas, el informe concluye que ampliar la concesión de la AP-9 de los 39 años previstos en el origen de la autopista en 35 años adicionales (más de un 90% de variación) representa, según la normativa europea, un cambio sustancial en el contrato inicial que no se puede realizar sin una licitación previa.

Por lo tanto, concluyen que "la concesión directa de la ampliación es ilegal" porque viola la normativa europea y española y los principios de igualdad y de transparencia en la contratación pública.

La otra cuestión clave del informe es la cuantificación del rescate o recuperación de la autopista que cifra en 904,6 millones de euros, cantidad que corresponde al valor de mercado, es decir, a la cuantía que un tercero estuvo dispuesto a pagar por la AP-9 en 2018 actualizada con el IPC y restando el valor perdido por el hecho de disponer a día de hoy de seis años menos de concesión.

"Rescatar la AP-9 costaría 904,7 millones de euros por ser este el valor de mercado de la autopista, no 4.000 millones de euros como dijo el gobierno del PP de Rajoy en su momento, ni 6.000 millones de euros como dice ahora el gobierno del PSOE, cifras completamente infladas pensadas para mandar el falso mensaje de que rescatar la AP9 es imposible", ha destacado la líder del BNG durante la presentación del informe, junto con los profesores de derecho de la Universidade da Coruña Carlos Aymerich y José Antonio Blanco.

En esta valoración, como se recoge en el estudio de la UDC, influye, según trasladan desde el BNG, el hecho de que al tratarse de un contrato ilegal, la concesionaria AUDASA "no tiene derecho la indemnización por lucro cesante", como recoge el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en 2022.

"No cabe reconocimiento de indemnización del lucro cesante por cuanto supondría de facto mantener los efectos económicos del contrato al margen de la declaración de nulidad", reza el fallo del alto tribunal. "Este aspecto es fundamental porque implica abaratar el rescate de la AP-9", resaltó Pontón, sobre lo que añadió que "por lo que cabe preguntarse por que no está siendo considerado ni por el Gobierno del Estado ni por el Gobierno de la Xunta a la hora de fijar las cuantías de recuperación a autopista".

En términos de valoración económica el estudio de la UDC aporta otros dos datos trascendentes a la hora de proponer el rescate: los peajes en la sombra y el coste de mantenimiento de la infraestructura.

Ahorro para las arcas públicas

El estudio encargado por el BNG recoge que los peajes en la sombra pendientes de pago entre 2024-2048 ascienden a 2.844,5 millones de euros, cálculo realizado en base al dictamen del Consejo del Estado de 2021. Esto lo consideran "una cantidad enorme", indicó Pontón.

En esta línea aseguró también que "por lo tanto, recuperar la AP-9 no solo sería beneficioso para Galicia sino para las arcas públicas”, porque supondría un ahorro de 1.940 millones, (953 millones si se descuentan los ingresos estimados por IVA y por el Impuesto de Sucesiones que generaría la empresa).

El segundo dato relevante está en el coste de conservación y mantenimiento, que asciende según la propia concesionaria a 11,8 millones de euros anuales, una cifra "perfectamente asumible".

Pontón quiso destacar también un asunto relevante relacionado con el hecho de que el Gobierno central puede actuar ya para declarar ilegal la prórroga, sin necesidad de que haya sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TXUE), lo que ha calificado como "ahorro de tiempo y de dinero, tanto para el erario público cómo para los miles de usuarios de la autopista".

“El Estado español no tiene que esperar a la que Europa decrete que la prórroga de la concesión de la AP9 es ilegal, sino que puede usar el dictamen de la Comisión Europea para asumir dicha ilegalidad y recuperar la infraestructura. La Comisión Europea abrió la puerta al rescate de la AP9 y desde el BNG pedimos al Gobierno del Estado que la abra de par en lugar de intentar cerrarla a toda costa”, reclamó Pontón.

“Sabemos que finalizar con la esa estafa legalizada de los peajes de la AP-9 es posible, es viable y además es más económico para las arcas públicas y más beneficioso para los gallegos , porque es evidente que este es un agravio a lo que tenemos que poner fin", concluyó la líder nacionalista.

"Actuar de buena fe"

Por su parte, Carlos Aymerich y José Antonio Blanco ahondaron en las cuestiones más técnicas del informe, el primero abordando la base legal que sustenta la ilegalidad de la ampliación de la concesión y la ausencia de lucro cesante y la jurisprudencia existente en casos similares.

En este sentido, y ante la puerta que abre la Comisión Europea con la declaración de ilegal de la prórroga de la concesión de la AP-9, Aymerich indicó que el Gobierno del Estado tiene dos alternativas: llevar este tema a un enredo jurídico con nuevos recursos, o "actuar de buena fe, de buena fe para Galicia", asumiendo el dictamen de la Comisión e instando a la anulación de la concesión por la vía de una revisión del oficio. 

Blanco, por su parte, destacó que el informe utiliza hasta cuatro criterios distintos para establecer evaluar económicamente el rescate, pero que la más apropiada es la que corresponde con el valor de mercado, es decir, lo que el mercado ya estuvo dispuesto a pagar por AUDASA en 2018 y actuar ese valor en base al IPC.

"La valoración económica más acorde de la concesión es el valor de mercado de la misma y que la sitúa en esos 904,7 millones", subrayó, al tiempo que ponía el foco los peajes en la sombra que está pagando el Estado a la concesionaria que, en 2023 alcanzaron el 30% de su facturación.