La Fiscalía de Galicia recurrirá la sentencia por el accidente ferroviario del Alvia en la que se condenaba al maquinista, Francisco Garzón, y al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento del tren en Angrois (Santiago) en julio de 2013. Ambos fueron condenados a dos años y medio de prisión por 80 homicidios cometidos por imprudencia profesional grave.

Tras varias semanas estudiando el texto y la posibilidad, la Fiscalía de Área de Santiago ha confirmado este lunes que presentará el recurso la próxima semana, en la que se cumple el plazo límite dado por la jueza para este paso. Las mismas fuentes han informado que impunarán "parte de la resolución judicial, conforme al criterio mantenido por la Fiscalía de Área de Santiago". En cuanto a los argumentos del recurso, han señalado que se informará sobre ellos "en unos días", en cuanto se presente en el juzgado.

Todo parece indicar que en su recurso, el Ministerio Público reclamará la exoneración del que fuera director de seguridad de Adif cuando se produjo el siniestro. Aunque durante todo el juicio, el Ministerio Fiscal mantuvo la acusación contra el exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, en el tramo final del proceso retiraba la acusación contra Andrés Cortabitarte. El fiscal Mario Piñeiro defendía esa ladecisión, asegurando que fue tomada como "fruto de la meditación" y que en esta tragedia se confundían "las causas con las consecuencias".

La sentencia, de más de 500 folios, trascendió a finales de julio, justo después de que se cumplieran 11 años de la tragedia. En un primer momento, la jueza Elena Fernández Currás dio un plazo de 10 días hábiles para recurrir, que terminaban el pasado 10 de septiembre. Sin embargo, el volumen de las aclaraciones solicitadas y la complejidad de la causa obligó a ampliar este plazo, que concluye la próxima semana.

Conclusiones de la Fiscalía

Aunque aún no se han hecho públicos los argumentos que Fiscalía llevará en su recurso, sí se conoce la argumentación del anterior fiscal Mario Piñeiro -ahora la causa está en manos de su compañero Antonio Roma-, para retirar la acusación del que fuera responsable de seguridad de Adif.

Piñeiro consideró al final del juicio que, "en su condición de director de seguridad, no infringió el deber que ostentaba" y actuó "de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión" de Adif, aprobado por la autoridad nacional y con una metodología "basada en normativa europea".

De este modo, según el relato final de Fiscalía, la línea Ourense-Santiago de alta velocidad, en la que un tren Alvia descarriló en un tramo sin el sistema de seguridad 'ERTMS' por un cambio de proyecto, "fue diseñada de acuerdo con las normas técnicas" y acorde a los "códigos prácticos" de Adif.

Consideró además el fiscal que se realizó "un análisis de riesgos que requiere un dossier que analizó la seguridad" de la línea y que "los riesgos se estimaron tolerables".

De hecho, asumía argumentos de Abogacía del Estado al resaltar que "en otras líneas se circula a 200 km/h con el sistema 'Asfa' (...) y la fuente de riesgo, el cambio significativo de velocidad, no fue identificado como factor de riesgo con anterioridad a este accidente y posteriormente se identificaron otros 400 puntos en toda la línea de la red general".