Voluntarios de la Cruz Roja reciben a migrantes al pisar tierra en la isla canaria de El Hierro. EFE
Galicia cuenta con 800 plazas para tutelar a menores migrantes no acompañados
El Gobierno de España afirma que se ha trasladado el 52% del total de niños y adolescentes pactado con las autonomías desde 2022, mientras que la Xunta critica el cambio en la Ley de Extranjería tras el acuerdo alcanzado con Junts
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Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que reforma la Ley de Extranjería en lo relativo al reparto de menores migrantes no acompañados. Actualmente, Galicia cuenta con unas 800 plazas y una red de 80 centros donde acogerlos.
El acuerdo, al que el Gobierno ha llegado tras pactar con Junts, se votará en el Congreso en un plazo de 30 días y se abordará en la próxima Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia.
Esta modificación del artículo 35 de la ley ya se había votado previamente el pasado verano, con la oposición del PP, Vox y Junts. Con el cambio de voto de los catalanes, la reforma se podrá hacer efectiva.
Ahora, las autonomías tendrán hasta el 31 de marzo para informar de su capacidad de acogida de menores e informar del número de niños y adolescentes que tutelan en la actualidad.
En total, en España hay cerca de 11.000 menores migrantes no acompañados que están tutelados por las comunidades autónomas, de acuerdo con los datos recogidos por Europa Press.
En el caso de Galicia, la Xunta no ha concretado cuántos niños y adolescentes acoge, aunque cuenta con 800 plazas y 80 centros. Según el gobierno gallego, su sistema está al 104%.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, detalló en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que para el reparto se tendrá en cuenta la población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
Así, la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.
La Xunta denuncia "sobreocupación" en la red de plazas de acogimiento para menores y exige recursos
Tras darse a conocer el acuerdo y su consecuente modificación en la Ley de Extranjería, la Xunta de Galicia ha mostrado su rechazo a que "Puigdemont, desde su exilio, sea el que decida cuántos menores migrantes van a venir a Galicia".
La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha tildado de "imposición" este cambio y ha asegurado que el gobierno gallego "no está dispuesto a aceptar un trágala".
En este sentido, ha lamentado que el Gobierno central "funcione a golpe de chantaje" y ha denunciado la "sobreocupación" de la red de plazas de acogimiento para menores en la comunidad, por lo que ha exigido "más planificación, recursos financieros, consenso y acuerdos".
"Como ya ha avanzado hoy el presidente de la Xunta, valoraremos y acudiremos a los tribunales si es necesario, pero esto no lo vamos a consentir. Sería muchísimo más lógico tener un Gobierno que negocie las cosas en lugar de imponerlas, si las cosas se hicieran de otra manera Galicia estaría dispuesta a seguir siendo solidaria", ha esgrimido, en declaraciones recogidas por la agencia.
En su reunión con el presidente de Andalucía, Alfonso Rueda ha criticado la "falta de información" del Gobierno central a las comunidades autónomas y no descarta un posible recurso ante los tribunales, como ya ha anunciado la Comunidad de Madrid.
El Gobierno afirma que se ha trasladado el 52% del total de menores no acompañados pactado desde 2022
Paralelamente, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que el Gobierno ha trasladado 1.000 menores migrantes no acompañados desde 2022, el 52% de los pactados con las comunidades autónomas en los últimos años.
En este sentido, la ministra ha recalcado que el real decreto-ley lleva acompañamiento financiero para los territorios y ha añadido que busca también la "complicidad" de las comunidades autónomas.
"Aunque es verdad, que sitúa también un marco de obligado cumplimiento que tiene que ver con la necesaria acogida. Estamos ante un fenómeno que es nuevo, que requiere, por tanto, la intervención del conjunto del país y en ese sentido nos hemos puesto a trabajar también con un ajuste del marco normativo que permita asumir un desafío nuevo como sociedad y hacerlo en base a derechos", ha subrayado.
El Gobierno ha garantizado en las disposiciones adicionales del decreto la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se contará en 2025 con un crédito extraordinario de 100 millones de euros.
