El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común interpuso una denuncia contra varios altos cargos de la Xunta de Galicia la iniciativa del diputado Antón Gómez Reino y firmada por varios colectivos medioambientales: Ecoloxistas en Acción Galiza, Plataforma pola Defensa  do Mar da Comarca Muros-Noia, Asociación Ambiental e Cultural Tralapena e a Fundación Montescola

“Hay que exigir responsabilidades por lo que está ocurriendo en la Ría de Noia. Agradecemos el trabajo que llevan haciendo tantos años las asociaciones ambientales. Esto es una denuncia que señala directamente al modelo de explotación de nuestro territorio ejercido por la Xunta de Galicia”, explicó Gómez Reino.

“La contaminación producida por la mina de San Finx atenta contra la salud de las personas y puede llegar a detener los procesos productivos de esta comarca. Desde Unidas Podemos estamos totalmente comprometidas y mostramos nuestro gran apoyo y reconocimiento a las personas que trabajan defendiendo nuestra naturaleza”.

Desde la formación explican que la mina de San Finx se reabrió en el 2009 con la aprobación de un proyecto de explotación y de un plan de restauración por parte de la Dirección General de Energía y Minas que no fueron sometidos a la evaluación del impacto ambiental. La explotación se retomó sin realizar la consulta al órgano ambiental o a los restantes órganos sectoriales y sin someterse la información pública. Además, se omitieron la existencia de dos presas de residuos mineros en toda la documentación, a pesar de que la Ría de Noia es un espacio Red Natura 2000 (LIC Astillero del Tambre).

En la rueda de prensa Roberto Vilela, de Ecologistas en Acción, alegó que “es un problema ambiental que viene de décadas atrás y del que la Xunta es conocedora”. Considera que las balsas con lodos contaminantes procedentes de las minas pueden desembocar en un “atentado ambiental” que podrían dejar a la comarca sin actividad pesquera “durante años”. “Es un problema muy grande, y de momento hay marisco pero son filtradores, al final estos vertidos tóxicos terminan en la población”.

José Romarís, de Plademar, señaló que “doce puestos de trabajo no pueden poner en riesgo el trabajo de miles de personas”. Lucía Rodríguez, de Montescola, añadió que esta denuncia no es el fin, sino el comienzo de un proceso mucho más largo. “Esto solo acabo de comenzar y nos dirigimos también a más altos cargos y funcionarios de la Xunta que prevarican y que van en contra de la ley. Porque su nombre no aparezca en la lista de denunciados, no significa que no vaya a futuro”, apuntó.