El Gran Prix de las Carrilanas de Esteiro, en Muros, es considerado uno de las acontecimientos estrella del verano gallego. Se trata del descenso de una estrecha carretera en pendiente, la cuesta de O Maio, a bordo de carritos de madera elaborados por los participantes.  

Aunque esto es sólo el principio. Las Carrilanas cuentan además con actividades culturales y gastronómicas variadas, entre las que destaca un festival propio, que reunió el año pasado a artistas como Baiuca, Grande Amore, Boyanka o Tanxugueiras.  

En el año 2021 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, y ahora luchan por convertirse en Fiesta de Interés Internacional. Algo que podría llegar tras más de tres décadas a sus espaldas y con las fechas de este 2024 ya anunciadas: del 19 al 21 de julio.  

Sin embargo, la celebración de esta multitudinaria carrera está ahora en el aire debido a un altercado sucedido en 2019. Una denuncia por lesiones a la empresa de seguridad contratada por la organización ha ocasionado que la asociación Esteirana de Carrilanas haya sido citada como responsable civil subsidiaria. 

Foto de ediciones pasadas de las carrilanas a su paso por Esteiro. Carrilanas de Esteiro

El origen del conflicto  

Los hechos sucedieron durante los conciertos de las Carrilanas de 2019, cuando uno de los asistentes a la fiesta tuvo un encontronazo con un miembro del personal de seguridad que decidió denunciar en los días posteriores.  

La empresa de seguridad fue la denunciada, sin embargo, la asociación organizadora de la festividad, Esteirana de Carrilanas, fue citada como responsable civil subsidiario.  El denunciante reclama 3 años de cárcel para el autor de los daños y 38.000 euros de indemnización a la asociación. 

La organización emitió el pasado 17 de enero una carta abierta donde expone los hechos, asegurando que la cuantía exigida es inasumible para una asociación sin ánimo de lucro como la suya y que esta llevará a la desaparición de la misma.  

Las irregularidades denunciadas por la asociación  

Más allá de la citación, la Esteirana de Carrilanas se ha posicionado en contra del ejecutivo de Muros, asegurando que “no participarán en aquellas actividades en las que la Concellería de Cultura tenga presencia”.  

Esto viene motivado porque la procuradora de la acusación es Caridad González, actual concejala de Cultura de Muros. Desde la Esteirana aseguran sentirse “indefensos” ante una situación de “incompatibilidad profesional, política y asociativa”.  

Por ello, solicitan la dimisión de la Concelleira de inmediato. Según palabras de David Fernández, presidente de la entidad, “la concejala no puede formar parte del caso, pues tiene acceso a toda su documentación, empezando por el plan de seguridad”, lo que les hace partir con desventaja.  

En la carta añaden que no participarán en actividades donde la Concellería de Cultura tenga presencia hasta que no se formalice su dimisión y que, de no hacerse efectiva, tampoco organizarán el Gran Prix este año. Algo que “les duele”, dado que la festividad cumple su 35 aniversario.  

Las críticas también salpican a Ángel Vázquez, abogado del caso, hijo de Caridad González y presidente del Castelo Rock, con quien también rompen relaciones: “A ADC Esteirana de Carrilanas rompe a súa relación coa ACRD Praia do Castelo e non participará en ningunha actividade na que esta teña presenza”. 

La respuesta de la Concellería  

Mientras tanto, Caridad González, explica que cuando se hizo caso del cargo todavía no era concejala, afirmando además que no hay ninguna incompatibilidad en el desempeño de ambos cargos. Caridad González no se plantea dimitir y considera excesiva la importancia que se ha dado a este hecho.  

Igual que Ángel Vázquez, quien ha dicho a través de un comunicado oficial en sus redes sociales que, al figurar la asociación como responsables subsidiarios “xamais respondería directamente, pois para iso está o seguro de responsabilidade civil”.  

A mayores, el presidente del Castelo Rock ha pedido en su comunicado que la  asociación retire la carta abierta publicada en redes sociales pues asegura que le están imputando un delito y que podría emprender medidas legales para defender su honor y su labor profesional.