SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Fiscalía de Lugo ha alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones particulares y defensas de los acusados en la llamada ‘Operación Pollo’, que acusó a 17 personas de traer ciudadanos de Marruecos para emplearlos en empresas en Lugo "en condiciones laborales pésimas".

Así, el próximo miércoles 4 de mayo se celebrará en la Audiencia Provincial de Lugo la vista para confirmar el acuerdo, que ofrece a los 17 acusados penas de prisión que como máximo llegan a los dos años (a uno de los acusados).

"Un acuerdo a la baja que supone que todas las personas a las que acusaba la Fiscalía serán condenadas en términos razonables, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la gravedad de sus respectivos comportamientos y el hecho de que han consignado cantidades económicas relevantes para reparar el daño causado", recoge el Ministerio Público.

Informan además de que las víctimas serán indemnizadas con cantidades "que las acusaciones particulares han considerado adecuadas" y que oscilan entre los 1.000 y los 3.100 euros.

La Fiscalía de Lugo valora positivamente este acuerdo al que ha llegado tras varios meses de negociaciones y que podrá evitar la celebración de una vista oral "que podría durar semanas, ya que hay 30 partes personadas y estaba prevista la declaración de más de un centenar de personas".

Indican además que el acuerdo parte de la situación de rebeldía procesal del principal acusado por los hechos (Mohamed Chahidi), que permanece fugado tras salir de prisión, por lo que no le afecta este acuerdo. "Si en el futuro es hallado, podrá celebrarse el juicio contra él", remarcan.

Hechos

Según relataba la Fiscalía en su escrito de acusación en 2019, M.C. durante los años 2006 y 2008 "se dedicó a organizar y facilitar" la entrada a de ciudadanos marroquíes "enriqueciéndose" con cantidades entre 8.000 y 14.000 euros que estaban dispuestos a pagarle a cambio de obtener la documentación necesaria.

Así, el acusado les decía, "a sabiendas de su falsedad", que cobrarían un salario elevado, lo que les permitiría amortizar el pago inicial. Para el pago de esta cantidad, el trabajador y toda su familia "se veían obligados a realizar gravísimos esfuerzos económicos que incluían la venta de sus propiedades", señala el Ministerio Público.

"Con el fin de burlar la legislación de extranjería y de enriquecerse", M.C. contactó con C.O.R., empresario español del sector agropecuario lucense, quien conocía a ganaderos de la zona de Castro de Rei y proximidades. De este modo, ambos "se propusieron enriquecerse captando extranjeros dispuestos a pagar dinero a cambio de trabajar en España".

Una vez los inmigrantes entraban en el territorio, eran dados de alta a media jornada para que el pago a la Seguridad Social (SS) fuese menor, pero luego trabajaban hasta 14 horas diarias en granjas de pollos de la provincia.

Durante su actividad, los acusados negaban a los inmigrantes los medios más básicos para desarrollar su trabajo en condiciones de higiene y salubridad, "ya que incluso ejercían descalzos".

"Solo se les permitía descansar un día a la semana y carecían de cualquier tipo de período vacacional. El dinero que percibían era muy inferior al legalmente estipulado", añade el Ministerio Público.

En mayo de 2008, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo autorizó la entrada y registro de un domicilio de la capital provincial donde, según los indicios, estaban alojados algunos de los trabajadores. A raíz de esto serían detenidos varios de los acusados, entre ellos M.C., que permaneció en prisión hasta octubre de 2009, aunque actualmente se encuentra en paradero desconocido.