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Galicia

Piden 108 años de cárcel para un gallego por inducir a menores a grabar porno y compartirlo

El acusado almacenaba en el ordenador de su residencia en Padrón (A Coruña) más de 850 horas de material pedófilo. La mayor parte de las víctimas presentan consecuencias psicológicas, como inestabilidad emocional o cuadros depresivos o de ansiedad

26 septiembre, 2020 18:17

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS)

Este lunes arranca en los juzgados de Santiago el juicio contra un hombre acusado de compartir material pedófilo en Internet, parte del cual obtenía a través de interacciones con menores de edad a los que inducía a grabarse en actitudes sexuales, llegando incluso a amenazarlas con revelar a sus padres sus interacciones en la red si no accedían a sus peticiones.

Fiscalía solicita 108 años de cárcel por varios delitos, algunos de ellos continuados, de utilización de menores o discapaces con fines pornográficos. El juicio será a puerta cerrada y se prorrogará a lo largo de toda la semana en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en la capital gallega.

Los hechos, según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, se produjeron entre enero del año 2013 y abril de 2016. En el operativo policial, las fuerzas del orden descubrieron que el acusado almacenaba en el ordenador de su residencia de Padrón (A Coruña) más de 850 horas de material pedófilo.

Según Fiscalía, el procesado compartió más de 3.500 archivos pornográficos que implicaban a menores a través de aplicaciones de redes ‘P2P’.

Además de albergar y compartir pornografía pedófila, también se le acusa de elaborar este material induciendo a estas prácticas a menores de 16 años con los que contactaba por redes sociales, algunas veces, haciéndose pasar por gente de su edad y llegando incluso a amenazarlos con revelar a sus padres lo que hacían si no accedían a lo que les proponía.

La mayoría de la veintena de víctimas de estos hechos, nacidas entre el año 1996 y el 2003, presentan consecuencias psicológicas derivadas de haber participado en estas prácticas, tales como inestabilidad emocional o cuadros depresivos y de ansiedad.

Así las cosas, el Ministerio Público solicita una pena de 108 años de cárcel, además de una indemnización de 6.000 euros para cada una de las víctimas y la apertura de una pieza separada para dilucidar su responsabilidad civil.