El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Junta de Castilla y León y ha condenado al Estado a pagar a la Comunidad los 182 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017, una sentencia, la primera dictada en España, que abre la vía al recurso de Galicia, que lleva solicitando este pago desde hace más de un año.

La Xunta de Galicia, en su caso, reivindica el pago de 200 millones del IVA correspondientes a una mensualidad de 2017, y que llegó a la vía judicial mediante la presentación de una demanda ante el Tribunal Supremo que, según la última información trasladada por la Consellería de Facenda, seguía su curso de tramitación.

En concreto, la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros.

El Ejecutivo regional solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la Comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros, a lo que se suman las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros.

Esta última cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.

Con este fallo el Tribunal Supremo "reconoce" la "importancia" de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso. Así, como se destaca desde el Ejecutivo regional, la Junta "ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la judicial, y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación correspondientes al IVA".