SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) –

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha estrenado este miércoles el calendario de debates parlamentarios para la tramitación de los presupuestos de la Xunta para 2023, en los que los dos grupos de la oposición han coincidido en criticar las rebajas de impuestos planteadas.

Así, mientras que el BNG ha tachado las cuentas para el próximo ejercicio de "insolidarias" e "ineficaces" para paliar la crisis de precios, el PSdeG ha aprovechado para recordar la dimisión de la ya ex primera ministra del Reino Unido Liz Truss por sus polémicas políticas fiscales. El titular de Facenda ha comenzado su intervención con una explicación de la actual "situación geopolítica", principalmente por la guerra en Ucrania, que ha provocado una crisis inflacionista y una merma de las expectativas de crecimiento una vez superada la crisis sanitaria de la covid-19.

En este contexto, Corgos ha garantizado que la Xunta "va a estar a la altura para proteger a las familias" ante la esta situación con unas cuentas de 16.620 millones de euros para el próximo año (21 millones más sobre el techo de gasto aprobado en verano), que son 993 millones más que los que están en vigor en este 2022.

En definitiva, el conselleiro ha insistido en que el proyecto de presupuestos incluye "medidas de impulso que precisa" Galicia, con un refuerzo adicional de más de 500 millones de euros en cinco líneas que van a la par del plan estratégico autonómico con horizonte 2030: apoyo y protección a las familias, ahorro energético, dinamización económica, medio ambiente y lucha contra la sequía, y refuerzo de servicios públicos.

Asimismo, ha descartado que el crecimiento de la inversión para 2023 se deba a una mayor aportación por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea, como ha asegurado la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo, al tiempo que ha criticado la gestión de los fondos Next Generation por parte del Estado.

Un 25% de gallegos en riesgo de pobreza

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha tachado los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2023 de "demasiado optimistas", visto el escenario actual en el que, según un estudio de la Rede Galega contra A Pobreza (EAPN Galicia), un 25% de gallegos se encuentra en riesgo de pobreza.

"Las cifras deben alertar, sobre todo en un momento de carestía de precios que van a hacer que esta situación se incremente. Además, el 30% de los que están en riesgo es gente que trabaja, que aún trabajando tiene problemas para llegar a fin de mes", ha destacado el líder socialista tras reunirse con miembros de la asociación para conocer su trabajo y demandas.

También ha puesto el foco, como ha hecho la propia EAPN, en el índice de mujeres en riesgo –habitualmente a cargo de familias monoparentales–, "con los datos más altos a nivel nacional". Formoso ha reivindicado el trabajo "conjunto, en red" con este tipo de sociedades, que impacta, según ha apuntado, en la tramitación, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital, "ahora más ágil gracias al trabajo de gente como la EAPN".

Por su parte, el director de EAPN Galicia, Xosé Cuns, ha detallado algunos de los datos que recoge el último estudio de la asociación sobre el riesgo de pobreza en Galicia, en el que se encuentran un 25,1% de gallegos, una décima menos que en el anterior informe. Baja ligeramente, al contrario de lo que ocurren España, donde se incrementa en ocho décimas, según ha explicado. Cuns ha incidido además en que el informe presenta dos lecturas. Por una parte, ya recoge el impacto de la pandemia, pero permite ver también qué habría ocurrido si no se hubiesen puesto en marcha medidas sociales como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, a nivel estatal, y la Tarxeta Básica o el mantenimiento de la Risga, en el ámbito autonómico.

De no haberse tomado este tipo de decisiones, "el índice habría aumentado en un millón y medio a nivel estatal y en Galicia en 127.000 personas", ha explicado Cuns, que ha destacado también que la pandemia provocó un aumento de la pobreza en las mujeres, "especialmente en las familias monoparentales, donde aumenta hasta tasas del 53%".

Presupuestos "demasiado optimistas"

Foto: PSdeG

En esta línea, ha recordado que 54.600 gallegos reciben esta prestación, contraponiendo este tipo de medidas "otra incorporación al catálogo de derechos sociales" al escenario "demasiado optimista" en base al que, tal y como ha señalado, se han ideado los presupuestos autonómicos para 2023. "Valdrían para 2015, 2008 y 1998, pero ahora hablamos de una situación inédita, con un escenario bélico a las puertas de Europa, un escenario con unos precios de electricidad y gas natural que repercuten en un riesgo de pobreza clarísimo", ha argumentado.

El secretario xeral ha recordado que, en este contexto, se están cancelando turnos en fábricas, que hay barcos gallegos que salen a pérdidas y que hay granjas que también echan el cierre. "Echamos de menos que para los sectores estratégicos la Xunta no prevea ninguna línea de ayuda, ni en el ámbito de los combustibles y la energía, que ahoga a los gallegos", ha censurado, recordando además que el PSdeG "ha puesto encima de la mesa una batería de medidas para mejorar los presupuestos y debatirlas con el Gobierno gallego y con otras fuerzas políticas".

Entre ellas está la reactivación de la conocida como Tarxeta Básica, "que garantizaba servicios básicos alimenticios a las familias que lo necesitaban". "Su eliminación es insensible y no es propia de un país democrático con derechos sociales", ha aseverado. Ve Formoso esa "falta de sensibilidad" en otros ámbitos como el de la dependencia, "un aspecto clave en la sostenibilidad de las familias gallegas" y al que no se destina "ni un euro a mayores cuando el Estado sí ha incrementado la inversión".

"Se abandona a los ayuntamientos que se hacen cargo de prestar un servicio con unas subidas de precios considerables y que pueden llegar a ser insostenibles, con aumentos entre el 40% y el 50% este mismo año", ha señalado. Ante esto, ha instado a los ciudadanos a "reflexionar" sobre la opción política "que más les conviene". "Que la ciudadanía valore cuando opta por una u otra formación, cuando uno se queja de que no evalúan a una persona dependiente, de que se desconecta el servicio de teleasistencia o de que se suprime la tarjeta básica. Que la ciudadanía empiece a reflexionar sobre la reducción de derechos que conlleva", ha concluido.