El banco de berberecho más importante de Galicia, en riesgo tras el permiso de vertidos

La decisión de Augas de Galicia de autorizar más de un millón de litros en vertidos de la mina de San Finx a la ría de Muros y Noia ha despertado un malestar entre vecinos de los municipios y los productores del mar.

La semana pasada se conocía la decisión de la cuenca hidrográfica de más de millón y medio de litros de aguas residuales al río Tambre que desemboca en uno de los bancos de berberecho más importantes de toda Europa. Solo en la ría de Muros y Noia se produce aproximadamente una gran parte del bivalvo en España, que después se distribuye para su venta en fresco o en conserva.

De estos bancos de marisco viven miles de familias de la zona, que argumentan que los vertidos de la mina no cumplen los límites legales establecidos y que su presencia en la ría alteraría el ecosistema presente.

En declaraciones a la Cadena Ser, Santiago Cruz, patrón mayor de la Cofradía de San Bartolomé de Noia, afirmó que  "no hay garantías ambientales", y que esto está avalado por informes medioambientales de la propia administración gallega. "Dicen que tienen una depuradora milagrosa, pero ya sabemos cómo funcionan… No funcionan correctamente", señaló al medio.

El patrón mayor también se mostró confundido porque sobre la decisión de priorizar el proyecto de la mina, que da trabajo a 70 personas, frente al de un sector en el que trabajan 4.000 personas, solo en esos bancos. Desde la Cofradía ya han anunciado una concentración el próximo 4 de marzo en la Alameda de Noia en contra de esta decisión.

La respuesta política tampoco se ha hecho esperar. Todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento noiense, PSOE, BNG y Marea de Noia, han acordado forzar la celebración de un pleno extraordinario para debatir sobre el tema. Piden que sea además por la tarde y que se celebre antes de que el plazo legal de los 15 días, que el tiempo para presentar el recurso termina en menos de un mes.

En un comunicado los grupos políticos recordaron que el expediente iniciado de 2015 estaba "plagado de irregularidades" y que en las aguas industriales de la mina hay concentraciones altas de metales pesados como el cadmio, el cobre y el zinc. Señalan que las pruebas para limitar la presencia de estas sustancias han sido ineficaces, y que la autorización no sólo se refiere a las aguas acumuladas sino al permiso de explotación, a pesar de que no existe uno válido.

Los representantes políticos demandarán en el Pleno que el consistorio se presente como acusación particular en el proceso penal que existe en este momento en los juzgados de Santiago de Compostela, a raíz de irregularidades administrativas en la mina.