La economía gallega registró, al cierre del tercer trimestre de este año, un crecimiento que supera en 3,5 puntos al PIB prepandemia, frente al avance en 2,1 puntos de la media, lo que permite situarse 1,4 puntos por encima de la economía española en este período. Así se desprende de las cuentas económicas trimestrales del Instituto Gallego de Estadística (IGE) como resultado de la revisión de las estimaciones anuales del período 2020-2021 con las cuentas anuales, tras la ya realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos actualizados, Galicia ya recuperó el PIB prepandemia en el cuarto trimestre del año 2021, tres trimestres antes que la media de España. En concreto, el PIB gallego cayó en 2020, el año de la pandemia, un 8,9 %, una décima más de la estimación anterior, pero 2,3 puntos menos que la media de España. Al año siguiente, en 2021, la economía gallega creció un 7,6 %, 2,4 puntos más del inicialmente estimado y 1,2 puntos más que la media. Y, en 2022, se incrementó un 4,1 %, tres décimas superior al estimado anteriormente y 1,7 puntos menos que el conjunto de España.

Así, en el período que va desde 2020 hasta el último año cerrado, 2022, la evolución de la economía gallega superó en 1,8 puntos a la inscrita, de media, en España. Por otra parte, la economía gallega creció un 1 % en el tercer trimestre de 2023 en relación al mismo período del año anterior, según la Información de Contabilidad trimestral publicada por el IGE. En cuanto a la evolución intertrimestral, de julio a septiembre, fue del -0,3 %.

Desde el punto de vista de la demanda, en el último trimestre, la demanda interna acercó 0,9 puntos al crecimiento del PIB y la demanda externa, 0,2. El consumo privado aumentó un 0,2 % y el público un 5 %.

Desde la óptica de la oferta, registraron tasas positivas el sector servicios (2,1 %) y el primario (0,9 %), con una leve caída del de la construcción (0,1 %). Por su parte, las ramas industriales registraron una tasa del -2,5 %.

Crecimiento del empleo

Los datos de contabilidad trimestral del IGE muestran que el empleo –medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo- creció en el tercer trimestre un 2,4 %, lo que supone un incremento de 24.154 puestos respeto al mismo trimestre del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo creció en todas, un 3,1 % en la construcción, un 2,7 % en los servicios, un 1,3 % en la industria y un 0,6% en el sector primario.

Cataluña, Andalucía y Madrid

En este contexto, el informe de las Comunidades Autónomas sitúa a Cataluña como la región con mayor número de ingresos por el modelo de financiación autonómica en el año 2019, seguidas de Andalucía y Madrid.

Tras ellas se sitúan la Comunidad Valenciana (13.357,54 millones); Galicia (8.650,06 millones); Castilla y León (7.778,41 millones); Canarias (6.140,17 millones); Castilla-La Mancha (5.913,56 millones); Aragón (4.280,93 millones); Murcia (3.926,75 millones); Extremadura (3.461,48 millones); Baleares (3.349,48 millones); Asturias (3.266,26 millones); Cantabria (2.212,64 millones) y La Rioja (1.141,78 millones).

Cabe recordar que Canarias dispone de un régimen fiscal específico reconocido en la Constitución y que su cesta tributaria no es comparable con la del resto.

Negociación para reformar el modelo

El actual modelo de financiación autonómica se aprobó en el año 2009 durante el Gobierno de Zapatero, con una negociación con los partidos independentistas mediante la cual Cataluña se aseguró casi 4.000 millones de euros adicionales.

Precisamente, la reforma del modelo de financiación autonómica ha protagonizado también los acuerdos de investidura que ha alcanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ERC, más concretamente a la condonación de deuda y la posibilidad de alcanzar un acuerdo de manera bilateral.

De hecho, el acuerdo entre PSOE y ERC recoge que se constituirá durante el primer trimestre de 2024 una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat con el objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances en el logro "de una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Cataluña", así como "asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña".