• El Concello de Vigo recibirá este año 383.000 euros de Audasa por el IBI de la AP-9

A Coruña aplicará a Audasa, concesionaria de la autopista AP-9, una subida del 1.900%, lo que equivale a una multiplicación por 20, en el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según informa el Gobierno municipal. De pagar 1.312 euros, como hasta ahora, Audasa pasará a abonar 26.257 euros anuales.

El Ejecutivo explica que la subida en el IBI a la concesionaria responde a la derogación de la bonificación estatal que catalogaba el vial como Bien Inmueble de Características Especiales. "Non facemos máis que aplicar a Audasa a mesma política que eles lles aplican aos seus usuarios e usuarias, así que terá que aboar todo o que lle corresponda e contribuír cos seus impostos a mellorar os servizos aos cidadáns", explica el primer teniente de alcaldesa y portavoz municipal, José Manuel Lage.

Audasa, en virtud de la catalogación que tenía hasta ahora, gozaba de una rebaja del IBI del 95% sobre la cuota que le correspondería pagar. Pero al amparo del Real Decreto que elimina esta bonificación, el Gobierno local decida ahora anular cualquier reducción en el imposto, lo que obligará a la empresa a abonar el 100% de la tasa.

Lage también recuerda que la AP-9 sería hoy una autopista libre de peajes "si no fuese por la decisión tomada en su día por el Gobierno popular de José María Aznar, que firmó una prórroga de la concesión por 25 años, que no finaliza hasta 2048", recoge el Gobierno local.  

El portavoz también destaca que actualmente están en vigor bonificaciones para los usuarios de la AP-9, que gozan, entre otros descuentos, del trayecto de vuelta gratuito cuando los desplazamientos se producen en el mismo día. Esta bonificación no la asume la empresa, sino el Estado desde su aprobación en 2021, destacó Lage.

La decisión tomada por el Gobierno de A Coruña se produce un día después de que en Vigo anunciase su alcalde, Abel Caballero, que "por primera vez en la historia" Audasa va a pagar la totalidad del IBI que le corresponde. La concesionaria, exenta de abonar el 95% del impuesto desde 1972, pasará de pagar al Ayuntamiento de 18.000 a 383.000 euros.