El Ayuntamiento de A Coruña solicitará formalmente ser zona tensionada a la Xunta de Galicia. Además, el Gobierno local también sacará mañana a consulta pública la ordenanza para la regulación de pisos turísticos. La norma afectará sobre todo a "zonas en las que la disposición de vivienda en alquiler es prácticamente cero, muy escasa y con precios elevadísimos", ha avanzado la alcaldesa Inés Rey.
El anuncio de la alcaldesa, Inés Rey, no sorprende en la esfera política, pues en el pasado ya había manifestado su interés porque A Coruña fuese declarada zona tensionada. "Entendemos que beneficia a la ciudad en su conjunto, pero especialmente a arrendatarios y arrendadores", justificó esta mañana la regidora.
La medida requiere el sí de la Xunta, que en el pasado ya cerró la puerta a declarar zona tensionada A Coruña. La norma limitaría los precios del alquiler en determinados barrios de la ciudad, llegando a suponer un ahorro de 400 euros mensuales a los inquilinos, según los cálculos del Ayuntamiento. Asimismo, Rey da detallado que "los propietarios podrían desgravar hasta el 90% de la renta que obtienen de esas viviendas". Esto sería una media de 2.500 euros al año en A Coruña, según estimó la alcaldesa.
Las zonas tensionadas se basan en el índice de referencia de precios de alquiler del Gobierno de España. La herramienta marca el precio máximo que pueden cobrar grandes tenedores y pequeños propietarios en nuevos contratos de viviendas en alquiler en zonas sujetas a la tensión del mercado inmobiliario.
La Xunta es la administración con competencias en materia de vivienda, por lo que para que esta sea una realidad el Gobierno de Alfonso Rueda debería dar luz verde a la medida. Actualmente hay 2.400 demandantes de vivienda pública en A Coruña. Una cifra que "seguro que es mucho mayor", se aventuró a valorar.
Ordenanza pisos turísticos
El Gobierno local también sacará mañana a consulta pública la ordenanza para la regulación de pisos turísticos. Es el primer paso a dar para la aprobación definitiva de una ordenanza que limite las viviendas de uso turístico. El proceso podría dilatarse durante meses. La Junta de Gobierno local tendrá que ser la primera en dar el visto bueno a la regulación. Más tarde, se llevará a pleno para su aprobación inicial y se abrirá un plazo de presentación de alegaciones. Finalmente, el pleno tendrá que aprobar de forma definitiva la ordenanza final.
La regidora ha defendido que "la sociedad nos demanda esa regulación" para dar solución a un "problema que no solo afecta a los jóvenes, también afecta a los mayores". Así lo ha descrito en su visita al barrio de Xuxán, en el que Ayuntamiento y Xunta están promoviendo viviendas públicas. En el acto participó también ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; y la conselleira de Vivienda, Martínez Allegue.
En el acto tanto la alcaldesa como la ministra pusieron el foco en la colaboración entre las administraciones y, sobre todo, en la regulación. Rey aseguró que la vivienda es "el problema que más preocupa a los españoles", por lo que las Administraciones "debemos trabajar de la mano, incluso si no tenemos las competencias, pero sí la preocupación, como es el caso de las locales".
Rey subrayó la inversión que hizo el Ayuntamiento de 11 millones de euros para la urbanización de Xuxán, así como la licitación de 50 nuevas viviendas públicas por valor de 10,2 millones de euros aprobada en junio.