Conducir por la AG-55 en un turismo de A Coruña a Carballo cuesta 2,60 euros, 5,20 con el viaje de vuelta. Desde 1994 hay que pagar por circular por este vial de titularidad autonómica, una autopista que en su primer año, desde la inauguración del tramo inicial en septiembre de 1993 hasta el verano siguiente, fue una autovía libre de peajes. Han pasado 30 años desde que se empezó a cobrar y continúan las demandas para que la AG-55 sea gratuita: la última en el Pleno de A Coruña celebrado este mes de noviembre, donde fue aprobada una moción del BNG para que la Xunta rescate la autopista y levante los peajes.
¿Por qué se sigue reclamando la gratuidad de esta carretera, cuya concesión a una empresa privada termina en 2045, si hasta ahora el Gobierno gallego, salvo el primer año, ha mantenido el pago para vehículos ligeros y pesados? La última insistencia se produce cuando el rescate de otros viales de la comunidad está en la agenda de la Xunta, por lo que la oposición ha querido orientar de nuevo sus exigencias a una de esas carreteras por donde los conductores no dejan de pagar, la AG-55 o autopista de la Costa da Morte.
El Ejecutivo de Alfonso Rueda anunció el mes pasado que invertirá casi 300 millones de euros en el rescate de cuatro autovías gallegas con peajes en sombra, es decir, libres de peaje para sus usuarios pero con pagos que la Xunta hace a las concesionarias como compensación. Son las autovías de O Salnés, O Barbanza, Ourense-Celanova y Santiago-Brión, por las que el Gobierno gallego prevé ahorrar 30 millones cada año hasta 2040.
El anuncio sucedió al encargo de la Xunta de un informe a una empresa madrileña para poner cifra al coste del traspaso y rescate de la autopista AP-9, el vial que vertebra Galicia de norte a sur, de Ferrol a Tui, con tarifas que volverán a subir el próximo 1 de enero y a cuya titularidad aspira el Gobierno autonómico.
El PP se abstiene o se opone
La moción del BNG en el Pleno de A Coruña que reclamaba ya para 2025 la consignación de fondos presupuestarios para el rescate de la AG-55 fue aprobada con el voto a favor del PSOE y la abstención del PP. "Se a Xunta rescata outras vías de alta capacidade, por que non fai o mesmo coa que conecta A Coruña con Carballo?”, preguntó en el Pleno el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera.
En la sesión plenaria de octubre de la Diputación de A Coruña, en cambio, fue el PSOE el que instó al Gobierno gallego a retirar los peajes de la AG-55 y de la AG-57 de Puxeiros a Val Miñor, a lo que esta vez se opuso el PP y apoyaron el BNG y Alternativa dos Veciños.
De autovía a autopista
El tramo de la AG-55 que une A Coruña con Carballo es una autopista en concesión de 32,6 kilómetros que limita la velocidad a 120 kilómetros por hora. Según datos de Autoestradas de Galicia, la intensidad media diaria de vehículos en 2023 fue de 13.337. La longitud total proyectada en el vial (ya sin peajes) es de 72,3 kilómetros, provisional hasta conocer la ejecución definitiva de la prolongación hasta Berdoias.
Solo un año después de la inauguración del tramo A Coruña-A Laracha en 1993, un acto masivo y folclórico donde el presidente gallego Manuel Fraga dejó caer sus lágrimas de emoción, el vial, que había nacido como autovía con la intención de evitar congestiones de tráfico en la AC-552, aplicó peajes. Hasta Carballo, la construcción superaba un coste de 42 millones de euros y la Xunta la convirtió en autopista de pago.
La aplicación de peajes despertó en aquel momento un movimiento de indignación por parte de colectivos empresariales, sindicatos, transportistas, estudiantes, entidades vecinales y políticos de todo color. Aquel clima dio origen a la constitución de la Plataforma pola Autovía Gratuita, una corriente que convocó manifestaciones en los años siguientes y que con los años se fue debilitando.
Pasó el tiempo y conducir por la AG-55 siguió obligando a pagar: en la actualidad, 0,55 euros entre A Coruña y Arteixo y 2,05 de Arteixo a Carballo. El alcalde arteixán, Carlos Calvelo, encabezó durante años la oposición al peaje de la autopista en Pastoriza. El regidor popular era contrario a la construcción de la cuarta ronda, la prolongación del acceso al puerto exterior de A Coruña en esa zona, y proponía que la inversión de esa infraestructura se dedicase a la eliminación de las barreras de pago. No ha cambiado nada: la redacción del proyecto de la cuarta ronda se adjudicó en marzo pasado y la empresa tiene un plazo de 18 meses para acabarlo.
Ha habido mociones en los ayuntamientos y manifestaciones y concentraciones de ciudadanos reclamando que la AG-55 no tenga peajes. Quedán aún dos décadas para que termine la concesión y el eco de esas protestas, aunque resuena en algún momento, no parece tener alcance.