El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ha acogido el primer consejo de administración de la sociedad Vivienda Pública de Galicia, cuya presidencia ostenta la conselleira del área, María Martínez Allegue.
En este primer encuentro, en el que estuvieron presentes siete miembros, se dio cuenta de la constitución oficial del nuevo ente, resultado de la escisión de Xestur, del reparto de las competencias de vivienda y suelo residencial y de suelo empresarial. Allegue destacó "el importante cometido de la sociedad que gestionará la promoción de 2.350 viviendas de promoción pública que deberán estar terminadas antes de que acabe esta legislatura".
"Esta separación de actividades simplificará la estructura organizativa de cada una de las sociedades lo que conferirá una mayor eficacia en su funcionamiento", explica la Consellería de Vivenda.
Las viviendas construidas por la sociedad serán calificadas como de promoción pública, con el mismo régimen jurídico que las construidas por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, y serán adjudicadas a través del Registro de demandantes de vivienda de Galicia. La nueva sociedad depende de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y está tutelada funcionalmente por el Instituto Galego da Vivenda e Solo.
"Partida histórica"
Este anuncio que este martes se ha hecho realidad fue avanzado por la conselleira en una rueda de prensa tars el Consello de la Xunta a finales de octubre, todo ello con una "partida histórica" de 241 millones que la Xunta destina a políticas de vivienda y de urbanismo en la comunidad gallega para 2025.
Entre otras actuaciones, remarcó la decisión de la Xunta de hacer que las viviendas protegidas lo sean "permanentemente". Una cuestión que contrapone con que con el bipartito "10.000 viviendas que eran protegidas quedaron libres".
El presupuesto de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas será de 513 millones en 2025, un 8% más, tercer mayor incremento entre comunidades.
El objetivo de la Xunta es terminar esta legislatura con 8.000 viviendas públicas, así como facilitar suelo para construir 20.000 protegidas y 5.000 libres. Habrá 100 millones para la construcción de nueva vivienda, 20 millones para el desarrollo de suelo residencial (para vivienda pública, protegida y libre), así como 7 millones para rehabilitación con el programa Rexurbe --con 65 actuaciones--.