El Consello de Contas ha alertado sobre el peligro que supone la despoblación para casi un centenar de localidades gallegas, afectadas por la dificultad de acceso a servicios básicos como la sanidad o el transporte público.
El órgano fiscalizador ha publicado este miércoles un informe en el que pone el foco también en el acentuado desequilibrio territorial de Galicia, dado que los municipios con mayor riesgo de desaparición se encuentran en Lugo y Ourense.
Para el Consello, estos municipios comparten ciertas características: un censo inferior a 5.000 personas, un crecimiento vegetativo negativo de al menos el 10 %, una tasa de variación de habitantes entre el 2016 y el 2021 del 0% o menos y una densidad de población del 20% o inferior.
Aseguran que la problemática en Galicia no afectaría mayoritariamente a municipios despoblados, sino a municipios con población en el promedio de habitantes de Europa, siendo casi el 70% de los seleccionados entre 1.000 y 5.000 habitantes, concentrando el 85% de los municipios seleccionados en las provincias de Ourense y Lugo.
En todo caso, los municipios seleccionados suponen el 5,28% de la población total de Galicia en datos del año 2021 y el 5,23% con datos de 2022. En base al Plan Estratéxico de Galicia, cuyo impacto presupuestario, recuerdan, para el reto demográfico ascenderá a más de 6.000 millones de euros anuales a partir de 2028, evalúan las medidas desde el punto de vista de la ejecución, impactos y sostenibilidad en los municipios estudiados, las cuatro diputaciones provinciales y la Xunta de Galicia.
Más cooperación
Con este análisis, realizan una serie de conclusiones entre las que destaca que no exista una definición en Galicia de 'municipio en situación de reto demográfico o riesgo de despoblación', como tampoco indicadores agregados en los órganos o departamentos administrativos, que permitan observar una evolución de las magnitudes más relevantes y valorar los efectos de las políticas adoptadas.
Así, animan a las administraciones públicas competentes a establecer una definición homogénea de los requisitos y/o parámetros para tener la condición de territorio en situación de Reto demográfico, "planificando las medidas precisas en función de las peculiaridades que concurren en dichos territorios de la comunidad".
El Consello de Contas ha destacado además que las diputaciones de Ourense y Lugo indicaron una información de actuaciones y presupuesto ejecutado "menor y menos desglosada" que las que remitieron la Diputación de A Coruña y Pontevedra.
Respecto a la respuesta de la Xunta de Galicia, informa que remitieron datos globales en la mayoría de las respuestas de las consejerías, sin aportar información diferenciada para los municipios en situación de Reto demográfico.
En las ayudas y actuaciones que remite información separada, "no fue consecuencia de la previsión de medidas concretas para dichos municipios, sino que el parámetro de menos de 5.000 habitantes fue el único criterio empleado en alguna de las convocatorias".
Aseveran también que la coordinación multinivel en relación a este problema no fue, en la planificación inicial de las necesidades y recursos, "correctamente realizada ni documentada".
"Excesiva carga administrativa"
Asimismo, consideran que debería modificarse el importe del Fondo de Cooperación Local, incrementando la cuantía y reparto entre municipios y aprovecharse la modulación que permite el Fondo Adicional para incluir extremos de relevancia en relación al reto demográfico.
Alternativamente, podría configurarse un fondo de cohesión territorial destinado a la financiación del incremento de la capacidad institucional de respuesta de las áreas en riesgo de despoblación con el para incrementar su sostenibilidad económica, pero también social y ambiental.
Insisten en que debe modificarse el régimen de convocatoria y transferencia de fondos a los municipios para agilizar la entrada de financiación anual, en particular en financiación que en la actualidad se concede por concurrencia no competitiva o concesión directa.
Para el Consello de Contas, se produce una "excesiva carga administrativa" para presentar solicitudes de ayuda y justificarlas. "Las limitaciones de personal y presupuestarias que afectan a los municipios, en mayor medida a los de menor población, permite concluir la existencia de una posible barrera para obtener financiación para la gestión de sus competencias por los municipios", argumentan.
Sobre esto, señalan que los municipios del reto son el 30% del total de localidades de Galicia pero obtienen un 13,78% de los fondos europeos en 2021, siendo beneficiarios de dichos fondos un 70,20% de los mismos frente al 93,20% de los municipios de 'no reto'.
A dichos efectos, aconsejan que se elabore y publique, en el último mes de cada año, el Plan Estratégico de Subvenciones de la comunidad y de las distintas diputaciones, añadiendo medidas concretas para mejorar la financiación de las actuaciones.
"La financiación supramunicipal debe obedecer a necesidades generales y reales que deben satisfacerse para todos los municipios, y no articularse por medio de convocatorias que concentran los recursos en las entidades locales con mejor disposición o estructura de personal para la participación en las convocatorias", concluyen.