La causa de la ría de Muros y Noia contra la autorización de vertidos de la mina de San Finx vuelve a ganar adeptos. Esta vez ha sido la organización ecologista Greenpeace, que se ha solidarizado con las entidades que se manifestarán este sábado 4 de marzo a las 11:00 horas de la mañana en la Alameda de Noia.

La manifestación ha sido convocada por la Cofradía de Pescadores de Noia y Portosín y la han apoyado entidades como Plademar, Federación Ecoloxista Galega, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace y el Sindicato Labrego Galego. Las entidades llevan semanas exigiendo que la Xunta rectifique y no siga adelante con la autorización de casi un millón de litros de vertidos de la antigua mina de wolframio y estaño de San Finx, en Lousame (A Coruña). Estos contienen metales pesados como cadmio, cobre o zinc, que, según las organizaciones están presentes en niveles más altos de lo permitido.

El vertido, según Greenpeace, podría dañar "irreparablemente" el Estuario del Tambre, que es una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. Los metales pesados afectarían también a los bancos de marisqueo de berberecho y almeja de la ría de Muros y Noia, uno de los más importantes del país y que da trabajo a más de 1.500 familias.

Los ecologistas también señalan que la empresa australiana Pivotal Metal, dueña de Tungsten San Finx, "no cuenta con ninguna mina operativa en ningún lugar del mundo", y que en la otra mina que tenía en Galicia, la de Varilongo en Santa Comba, le denegaron una autorización de vertidos parecida a la de San Finx.

El vertido tiene como objetivo vaciar las galerías de San Finx, que cerró en 1989, y que ahora la firma australiana quiere volver a activar, a pesar de que no cuentan con un proyecto minero y no tienen una evaluación ambiental pertinente. En este último punto la Cofradía ha recurrido incluso a la ONU, que este próximo 22 de marzo evaluará si el procedimiento violó el derecho a participación pública de los vecinos.

El gobierno autonómico también insiste que el vertido será depurado y que cumple las normas de calidad ambiental, pero la Cofradía ha recurrido a un estudio de un experto hidrólogo que demuestra que la prueba piloto del tratamiento de aguas en la explotación no fue capaz de controlar los altos niveles de metales pesados.

"Parece evidente que la Xunta ya tiene decidido, sin evaluación ambiental y contra la opinión de una amplia mayoría social, reabrir la mina de San Finx y ponerse a jugar con metales pesados en la ría de Noia. El resultado de los vertidos puede ser catastrófico. La credibilidad de la Xunta para hacer cumplir a las empresas las normas ambientales está muy en cuestión cuando llevamos años sin solucionar la grave amenaza de las balsas y escombreiras de Lousame", señaló Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia.

Greenpeace insiste que la contaminación por metales pesados de actividades como la minería es " uno de los mayores problemas ambientales por su persistencia y toxicidad", ya que pueden permanecer en el ambiente cientos de año y afectan a todos los organismo vivos, además de ser "un riesgo de primer orden para la salud humana, incluso con consecuencias fatales.