Ayer se cumplió un decenio de la primera piedra que supuso la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, las dos entidades bancarias más importantes de Galicia en aquel momento. Aquel día, ambos consejos de administración aprobaron el plan de integración, que contaba con el visto bueno de la Xunta.
Diez años después, aquellos hechos son recordados por haber supuesto un rescate de 9.000 millones de euros y la pérdida de miles de empleos en la comunidad. La decisión de los directivos de subirse los sueldos y aprobar sus propias prejubilaciones millonarias terminaría en condenas de cárcel, aunque solo alguno de los implicados terminaría entrando en prisión.
La fusión se terminó concretando en septiembre de 2010 con el beneplácito de la Xunta y del Banco de España. En octubre de ese año, Julio Fernández Gayoso, por entonces presidente de Caixanova, aprobó junto a su junta directiva las compensaciones por jubilarse anticipadamente para los altos cargos de la entidad. José Luis Pego, director general de la entidad, fue el encargado de gestionar esa cuantía y quien acabaría recibiendo la pena más alta.
Para no quedarse atrás, Caixa Galicia celebró en A Coruña otro consejo para igualar sus retribuciones a las del banco con sede en Vigo. Entre las propuestas estaba el aumento de los salarios y otros incentivos.
En diciembre del 2010 se celebró el primer consejo de Novacaixagalicia, que posteriormente se renombraría Novagalicia Banco. José Luis Pego se convirtió en el máximo responsable. La orden del día incluía "la toma de conocimiento y ratificación de los contratos de alta dirección suscritos por las cajas fusionadas". En concreto, se refería ese punto a los sueldos del propio Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Javier García de Paredes.
En agosto del 2011, dos de estos altos cargos del banco se acogían a la prejubilación que ellos mismos habían aprobado, pasando a ingresar cantidades millonarias. También José Luis Pego se retiraba prematuramente aquel año. Según fuentes cercanas, su indemnización fue de 8 millones de euros.
Rescates del Gobierno
El Gobierno tomó medidas cuando tuvo que inyectar 2.500 millones para rescatar a Novacaixagalicia de la quiebra. Nombró al ex de Inditex José María Castellano como nuevo presidente. Fue él quien destapó todo el entramado y forzó la dimisión de la cúpula directiva. Solo García de Paredes devolvió el dinero extra, por lo que terminaría absuelto.
Sin embargo, José María Castellano había intentado insuflar 1.000 millones de fondos internacionales en la entidad, algo que no ocurrió y provocó que el Gobierno volviese a rescatar a Novacaixagalicia con 5.500 millones. El veterano directivo consiguió salvar miles de puestos de trabajo en Galicia.
La Fiscalía Anticorrupción pidió tres años de cárcel para todos los implicados en la anterior gestión. Finalmente, la Audiencia Nacional reduciría esa pena a dos años, evitando la entrada en prisión de los acusados. Según fuentes cercanas, las compensaciones finales fueron de 10,89 millones para José Luís Pego, 9,2 para Gregorio Gorriarán y 8,1 para Óscar Rodríguez Estrada.
Venta a Banesco por 1.000 millones
Del cadáver de las caixas gallegas se hizo cargo el grupo venezolano Banesco. Posteriormente, se crearía Abanca, que en el 2019 obtuvo 405 millones de beneficios, que en total desde su creación llegan a los 3.000 millones, dos mil más de lo que le costó comprar las cajas.
En el 2019, el Banco de España admitió que el rescate de los desaparecidos bancos costó a las arcas públicas 9.000 millones de euros. Además de ese dinero, las cifras de empleo en el sector también sufrieron un desplome en Galicia. Caixa Galicia y Caixanova contaban en el momento de su fusión con 7.800 empleados. En la actualidad, Abanca cuenta con unos 6.000 trabajadores, aunque hay que matizar que parte de ellos proceden de la adquisición de Banco Caixa Geral o de Deutsche Bank.