El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que su gobierno prevé elevar los umbrales de renta para poder acceder a la compra de una vivienda de promoción pública. De esta manera, más familias tendrán más facilidades para comprar y alquilar un piso.
"No es normal que una pareja, si entre los dos ganan 24.000 euros, no puedan acceder a una vivienda pública", comentó Rueda, que fue interpelado sobre políticas de vivienda por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la sesión de control en el Parlamento gallego.
Rueda añadió que su Ejecutivo dará "más posibilidades a la gente joven", reservando para este sector de edad el 25% de la vivienda pública en venta y el 40% de la destinada a alquiler.
El umbral de 31.500 euros será el techo establecido por la Xunta para una unidad familiar de tres miembros de acuerdo con el Iprem, el índice que se usa como referencia en España para la concesión de ayudas públicas, que varía según el número de miembros de la familia. Hasta ahora para tres miembros era de 26.250 euros.
8.000 pisos públicos
El líder popular apuesta por "medidas efectivas" que pongan más viviendas a disposición de las persoas en lugar de políticas que "detraen viviendas del mercado", y en la sesión de control parlamentario recordó que el objetivo esta legislatura es duplicar el número de pisos públicos promovidos por la Xunta hasta llegar a los 8.000, "más de 1.000 ya en marcha en los primeros meses del mandato".
"Haremos que las viviendas protegidas sean protegidas siempre porque ustedes en cuatro años desprotegieron 10.000", replicó el jefe del Ejecutivo gallego a Besteiro, quien exigió a Rueda que fuera "ambicioso" y apostase "por lo público".
Zonas tensionadas
El dirigente socialista, además de instarle a cumplir la ley estatal de vivienda, en especial en lo que respecta a la declaración de zonas tensionadas, propuso la creación de un banco público de alquileres a precios accesibles. La situación, argumentó Besteiro, lo exige, ante la "emergencia habitacional que afecta a miles de gallegos y gallegas".
Rueda replicó que la Xunta aplicará la ley y, "si se cumplen los requisitos", no habrá problema con la declaración de las zonas tensionadas, como ha solicitado, por ejemplo, A Coruña. Pero remarcó que los ayuntamientos, "incluidos los socialistas, no están cumplimentando los trámites". "Por algo será", recalcó antes de reiterar su rechazo a la ley estatal de vivienda.