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La estrategia que la Xunta ha puesto en marcha en Galicia para facilitar el acceso a la vivienda los próximos años contiene un capítulo de ayudas para el alquiler que esta mañana ha llegado a A Coruña. El Gobierno gallego ha concedido dos subvenciones que suman un total de 1,1 millones de euros a sendas promotoras para la construcción en la ciudad de 30 viviendas protegidas destinadas al arrendamiento.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó hoy las parcelas en las que se van construir estas viviendas, localizadas en la calle Francisco Pérez Carballo, en el barrio de Someso, y en la ronda de Outeiro a la altura de Oza.

En el primer terreno la empresa adjudicataria recibe una ayuda de 680.000 euros para levantar 17 pisos de protección autonómica para alquiler , el resto a cooperativistas, organizados en un inmueble de un total de 97. El resto de las viviendas serán libres para cooperativistas.

En el número 38 de la ronda de Outeiro, otra promotora levantará un inmueble de 32 pisos, de los que 13 serán de protección autonómica para arrendamiento; la subvención será de 453.952 euros.

La conselleira destacó que estos proyectos, en "zonas estratégicas" de A Coruña, permitirán dotar la ciudad de nuevos hogares funcionales, de calidad y con las características necesarias para lograr una óptima eficiencia energética.

Martínez Allegue pone en valor que la actuación es fruto de la colaboración "público-privada", necesaria para afrontar el reto de ofrecer a los ciudadanos vivienda digna, de calidad y a precio asequible.

Las ayudas, recordó, han sido otorgadas en el marco de una convocatoria lanzada por la Xunta este año para incentivar a los promotores y cooperativas a construir inmuebles para alquiler accesible, una línea que contó con una partida global de 14,7 millones de euros.

"Frente a anuncios, estamos aquí con hechos", dijo Martínez Allegue, que también destacó que el Gobierno gallego trabaja en varias iniciativas en el marco de las políticas de viviendas. Por un lado, la construcción de vivienda pública para llegar a las 8.000 en esta legislatura y, por otro, con la Estratexia Galega de Solo Residencial, que busca desarrollar suelo para facilitar la construción de 25.000 viviendas, 20.000 de ellas protexidas. A todo ello se suman modificacións legislativas y fiscales para agilizar el proceso de construción de vivienda.