La modificación de los estatutos de la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC de A Coruña, que aún no está constituida, pasará el próximo jueves por el Pleno de A Coruña, donde ya fueron aprobados hace un año. Concello y Universidade de A Coruña (UDC) han pactado realizar cambios para definir mejor el protagonismo de ambas partes en el desarrollo del polo tecnológico de la antigua fábrica de armas, donde ya se han instalado empresas y proyectos del sector y será necesario hacer nuevas inversiones.
El grupo municipal del PP ha expresado dudas respecto a la modificacion de los estatutos y demanda conocer el papel que tendrá la oposición en la sociedad de gestión y reclama al Concello que abone a la UDC cantidades pendientes por la urbanización del complejo tecnológico.
El Concello tendrá una participación del 51% en esa sociedad. Los populares quieren saber si en alguno de sus órganos tendrá relevancia y peso administrativo o político su propio grupo. "Estamos estudiando el expediente que va a Pleno porque nos surgen algunas dudas, como aclarar cuál será el papel de la oposición en los órganos de Gobierno que se incluyen en los estatutos o en el consejo asesor", afirma el portavoz del PP, Miguel Lorenzo.
Deudas e inversión
La UDC ha asumido hasta ahora el pago de obras de urbanización en el complejo de Pedralonga por un importe que le abonará el Ayuntamiento como responsable de esos trabajos, de acuerdo con un convenio entra las dos partes. El Gobierno local dispone de casi 410.000 euros para afrontar ese pago después de un cambio en el presupuesto aprobado en octubre, pero todavía debe unos dos millones. "El informe de dirección de Infraestructuras no aclara por qué solo se propone pagar 409.000 euros cuando afirma en el mismo que se encuentran pendientes de pago 2.426.724,50 euros", apunta Lorenzo, que señala que la empresa contratada "ya hizo las obras".
Otra duda que tiene el PP tienen también carácter económico. El portavoz recuerda que, según el plan estratégico, "el Estado debe aportar 43 millones de fondos Next Generation para rehabilitar el resto de naves" de la Ciudad de las TIC, donde se prevé la ocupación de más empresas y la construcción de platós audiovisuales.
"Ahora su aportación consiste en cobrar 260.000 euros anuales de alquiler durante 50 años; es decir, la colaboración del Estado es cobrar 13 millones de alquiler. A día de hoy el gobierno socialista del Estado cobra y nada más. Instamos a Inés Rey a negociar con el Estado la aportación de esos fondos", advierte Lorenzo.