La Corporación de Santiago de Compostela ha aprobado definitivamente las normas municipales que regirán y controlarán la proliferación de las viviendas de uso turístico en la "decisión más trascendente" de la legislatura. La normativa limita la apertura de estos alojamientos a los bajos y primeros pisos que tengan uso residencial.
En un debate lleno de acusaciones cruzadas de cambios de opiniones y reproches al poco consenso que despertaban las nuevas normas, la iniciativa salió adelante con el voto del grupo socialista y de Compostela Aberta, la abstención del BNG y el concejal Javier Fernández, y el voto en contra de la PP.
El debate se realizó con el ruido de fondo de la protesta del sector de las VUTs, que reclama una disposición transitoria para acoger a los propietarios que están dados de alta en el registro de la Xunta.
Tanto la portavoz de Aviturga, la plataforma de propietarios de pisos turísticos, como el representante de Plevituga, la plataforma de entidades a favor de su regulación, intervinieron al comienzo del Pleno municipal. Estrella Ferreiro, de Aviturga, abrió la sesión destacando que esta modificación del Plan Xeral sería una "lesión" para la economía de las familias. "Durante a tramitación o colectivo non foi convocado nunca polo alcalde nin a concelleira de urbanismo. Esta maneira de gobernar é unha inquedante forma de despotismo", destacó.
Para las entidades de Prevituga la modificación del PXOM y la regularización de algunas de las VUTs de antes de 2019 supone "unha certa inquedanza". Se preguntan sobre todo "cómo podería ser o segundo paso", y cómo las próximas ordenanzas desarrollarán el detalle de la regulación. "Hoxe Santiago non é o final do Camiño", concluyeron sobre la necesidad de regularizar estos alojamientos en el resto de ciudades.
Tras sus intervenciones, el debate dio inicio con el discurso de la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón. La socialista recordó la "profunda preocupación da cidadanía", al principio de la legislatura, en 2019, con la "imparable proliferación" de este tipo de alojamientos. Entonces el gobierno comenzó lo que la edila calificó como un "arduo" proceso "para conxugar os intereses lexítimos de todas as partes".
"Estamos ante a mellor das solucións posibles, aquela que pode que non contente a todo o mundo pero que da cubillo ó interese lexítimo dunha maioría das partes", apuntó. "Con sinceridade podo dicir que comprendo todas as situacións particulares que escoite todos estes anos. Nunca me neguei a escoitar a ninguén."
Rosón explicó que la normativa es producto de un ejecutivo local que "goberna para todos". "Nin eu nin este goberno estivo ou está en contra das VUTs, e tampouco respondemos a outro intereses que non sexan os do conxunto da veciñanza de Santiago de Compostela", sentenció.
La oposición cuestiona los cambios
Durante su turno los diferentes miembros de la oposición, cuestionaron el poco consenso y repartieron culpas entre el gobierno autonómico y el local. Javier Fernández, concejal no adscrito, se opuso a la falta de acuerdo entre los diferentes interesados y se preocupó por la judicialización del proceso. "É lamentable que non sabemos se se vai a tirar todo o texto ou só certos puntos".
Por su parte, el BNG, a través de Goretti Sanmartín, confirmó su voto de abstención, ya que, aunque admiten la necesidad e regulación de la actividades turísticas, y la necesidad de "crear seguranza xurídica perdure no tempo", se oponen a la regularización de todas las VUTS por igual. La portavoz nacionalista destacó la "improvisación", y "falta de negociación" del gobierno local y criticó que no se sabe " cal é a folla de ruta para o o futuro medio e próximo".
Compostela Aberta, el único grupo de la oposición que apoyó la iniciativa, señaló que, aunque no están de acuerdo en todos los puntos de las modificaciones del PXOM, sí que están de acuerdo con el fondo. Durante su intervención , el concejal Jorge Duarte lamentó lo ocurrido durante los años que gobernó el grupo, cuando las diferencias entre Xunta y gobierno local, provocaron diferentes normas y colocaron a algunos propietarios de VUTs en una situación ilegal. "Aínda que o goberno pecou de falta de traballo, entendemos que é mellor a regulación. Queremos unha cidade por e para os composteláns e non unha entregada ao turismo".
Por su parte, el Partido Popular ha sido el único grupo que ha votado en contra. En lo que el portavoz Constenla denominó "un no a la improvisación", los populares se unieron a las quejas de inseguridad jurídica a las que se expone la norma, debido a los recursos que se darán por las distintas partes.