El estado de las baterías militares de Ferrol llegaba, el pasado febrero, al Congreso de la mano del diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego. El fallecimiento de un hombre de 37 años en las inmediaciones de las instalaciones de Cabo Prior motivaba que los vecinos reclamasen más medidas de seguridad en la zona y el BNG interpelaba, entonces, al Ministerio para conocer para conocer si existía algún tipo de comunicación entre la administración local y el gobierno central en dicha materia.

Hoy ha trascendido la respuesta del Gobierno de España que determina que en junio de 2021 "se trasladó la prohibición de entrada a estas instalaciones a personal ajeno al Ministerio de Defensa, por contener estas, fosos de piezas de artillería, respiraderos y otros elementos con una alta peligrosidad".

Para hacer patente la prohibición, detallan desde el Gobierno, las zonas se "encuentran balizadas y señalizadas con indicación de que son propiedad militar y la prohibición de acceso" y, añaden, "de forma periódica se repone la cartelería que ha sido retirada o deteriorada por diferentes causas".

Comunicaciones entre administraciones

La respuesta incluye un punto en el que el Gobierno hace referencia al hecho de que al Ministerio de Defensa no le consta "ninguna comunicación" por parte del ayuntamiento para que se "mantenga en buen estado estas instalaciones".

Fuentes municipales aclaran que sí se produjo una comunicación entre ambas administraciones tras el accidente, ocurrido el pasado 31 de enero. Desde el ayuntamiento, apuntan, se remitió un informe a la Delegación de Defensa en A Coruña, a través del Departamento de Seguridad del concello.

El BNG reclama cohesión y coherencia en esta materia y apunta al interés que estas infraestructuras despiertan como atractivo turístico, recordando que este mismo verano fueron promovidas por el propio ayuntamiento a través de la Ruta Baterías de Costa, integrada en la plataforma Observer.