Una persona ha sido detenida en Ferrol por agentes de la Policía Nacional en el marco de la desarticulación de tres grupos que empleaban en una misma red social 30 canales dedicados a distribuir productos de marcas falsificadas. Hay otros cinco detenidos en Barcelona, Cáceres, Madrid, Murcia, Valencia y diez personas más están siendo investigadas.

Los detenidos, administradores de los canales, ofrecían los artículos a través de enlaces camuflados, una nueva fórmula utilizada para saltar los controles antifalsificación establecidos tanto por las plataformas como por las marcas y así poder seguir distribuyendo productos ilegales. Esta modalidad requiere que los fabricantes del producto falsificado, asentados en países asiáticos y quienes dirigen toda la red, recluten a personas en cada país del mundo para publicitar sus productos, formando así la denominada red de afiliados que perciben comisiones por cada transacción.

La investigación se inició a finales del año 2020 como resultado de las labores de ciberpatrullaje en redes sociales llevadas a cabo por agentes expertos en ciberdelincuencia, cuando se toparon con tres canales en una conocida red social, en los que diariamente y de forma sistemática, se publicitaban multitud de enlaces camuflados que permitían adquirir productos textiles falsificados a través de una multitudinaria plataforma de compraventa online, simulando la adquisición de productos sin marca. Alguno de estos canales contaba con más de 45.000 usuarios, lo que incrementaba exponencialmente el volumen de ventas de cada artículo ofertado.

Para aumentar aún más el volumen de ventas diseñaron bots que les permitían automatizar las publicaciones y realizar otras acciones como detectar y actuar en contra de los usuarios que no seguían las medidas de seguridad establecidas.

La operación se ha saldado con la detención de seis administradores de estos 30 canales, quienes recibían un beneficio económico de las comisiones del proveedor del producto falsificado, y además de la propia plataforma de distribución online, que les abonaba una cantidad por el tráfico de clientes dirigido hacia la misma desde sus canales en redes sociales. En un escalón inferior a los administradores se encuentran los colaboradores, quienes a cambio de una contraprestación realizaban labores de arbitraje de los canales. En este escalón se ha imputado delitos contra la propiedad industrial y pertenencia a organización criminal a otras nueve personas.