El pasado 27 de agosto se celebró en Madrid el Mundo Crypto Metaverse Day, con gran repercusión mediática y envuelto en una cruda polémica. Esta era la tercera edición del autodenominado "Cryptofestival", anunciado como el mayor evento de criptomonedas del mundo y que congregó a 7.000 asistentes.
En la publicidad del evento, se anunciaba que sería conducido por dos conocidos presentadores de televisión, que no obstante acabaron renunciando a participar después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recordara que la empresa organizadora no cuenta con autorización para asesorar o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros. Tras esta advertencia de la CNMV se cayeron del cartel incluso algunos de los patrocinadores.
A pesar de ello, el evento se celebró igualmente, y se agotaron las entradas. Dos días después de que tuviera lugar -el 29 de agosto- y ante la polémica suscitada, la organización anunciaba en sus redes sociales que devolvería el importe de la entrada a todos los asistentes.
¿Por qué advirtió la CNMV sobre este evento, llegando a apelar a los patrocinadores y presentadores para que "se informen adecuadamente" antes de recomendar a los asistentes invertir en criptomonedas?
En el origen de la polémica está la dificultad para regular la tecnología. Las criptomonedas presentan un reto legal que resulta apasionante para los que nos dedicamos al derecho de la tecnología, y también un auténtico desafío regulatorio y para las entidades supervisoras.
Las criptomonedas son monedas virtuales que se emiten sobre blockchain (u otras redes descentralizadas). Esta tecnología es el equivalente a un inmenso libro contable donde se pueden hacer apuntes, pero que en lugar de pertenecer a un Banco Central u otra entidad, está controlado y gestionado en muchos ordenadores de diferentes propietarios distribuidos por todo el planeta, conocidos como "nodos".
De este modo, cada transacción que se realiza con una criptomoneda, se apunta en ese enorme libro contable digital. Y para realizar cada apunte, se requiere de un consenso entre los nodos, que asegura la integridad. Además, en cada apunte queda constancia del momento exacto, con lo que se garantiza la trazabilidad. Y la blockchain es pública, de modo que se blinda la transparencia.
¿Y qué ley se aplica a una moneda que se emite e intercambia en un enorme libro contable que depende de muchos agentes individuales, que están distribuidos en multitud de países diferentes? Efectivamente, no existe una solución para regular las criptomonedas a día de hoy.
La falta de regulación no es intrínsecamente perjudicial para los inversores en criptomonedas, pero permite que las criptomonedas se puedan comprar sin pasar determinados filtros que aseguran que el inversor cuente con la información legalmente obligatoria sobre los riesgos de pérdida de la inversión. Por ello la CNMV, que tiene entre sus fines la protección de los inversores, vigila que estos cuenten con la información necesaria sobre la volatilidad y los riesgos de estos productos, ya que no cuentan con las garantías o protecciones previstas en la normativa relativa a productos bancarios o de inversión.
Como parte de esta labor de vigilancia, la CNMV ha publicado varios comunicados durante los últimos años donde advierte de la falta de regulación de las criptomonedas y ha elaborado varias listas de entidades que las comercializan, entre ellas una específica de "chiringuitos financieros" que no cuentan con la autorización legal para comercializar productos de inversión.
Recientemente la CNMV publicó un Estudio sobre las criptomonedas y la efectividad de las medidas impulsadas por la entidad supervisora que se puede consultar aquí. Según este estudio, el 40% de los inversores en criptomonedas cree que estas están reguladas por ley, y seis de cada diez entrevistados consideran que presentan más riesgos que otro tipo de inversiones, asociándose sobre todo a la perdida de la inversión realizada y la complejidad de su uso.
De los que habían invertido en criptomonedas, el 88% recordaba haber accedido a información y advertencias sobre riesgo: un 22,7% sobre volatilidad, e igual porcentaje sobre posibilidad de pérdida total de la inversión.
Existen multitud de productos de inversión asimilables en riesgo a las criptomonedas. Sólo que legalmente, para otros productos el inversor ha de pasar determinados filtros para asegurar que está entendiendo el riesgo que conllevan. En el caso de las criptomonedas, la falta de regulación impide imponer la obligación de facilitar información y de valorar la adecuación de la inversión al perfil de riesgo del inversor.
Esta no regulación y la facilidad de acceso a estas inversiones impiden un control efectivo sobre su comercialización. Y por eso la CNMV vigila estos eventos multitudinarios, donde se podría invitar a invertir a muchos ahorradores que pueden no tener los conocimientos necesarios para valorar los riesgos y la idoneidad de su inversión.
Para conocer el verdadero propósito del evento, y discernir si se trataba de una jornada formativa como defendió la organización, o de una invitación a la inversión como advirtió la CNMV, estaría bien poder hacer un estudio sobre los asistentes.
Para ello, la organización no tiene más que pasar una encuesta, con las mismas preguntas que el estudio de la CNMV mencionado arriba: cuántos se decidieron a invertir en criptomonedas después de acudir, qué percepción del riesgo de la inversión tienen o qué porcentaje de su capital destinado a inversión dedicaron.
Y las conclusiones serían muy interesantes, a la vista de que la cifra de asistentes presenciales al criptofestival cuatriplicó a la de la muestra tenida en cuenta para el estudio de la CNMV referido arriba.