• El edil de Santiago José Manuel Pichel dimite por el alquiler de una nave vinculada a él

Las irregularidades ocurridas con el alquiler de la nave de la empresa Desproi SL, que propició la dimisión del concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, han llegado hasta la Justicia. Después de meses anunciando que presentarían los documentos pertinentes sobre el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular de Santiago ha optado por interponer una denuncia formulada contra el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y seis concejales del equipo de gobierno local.

Entre los nombres que aparecen en el documento se encuentran el del propio José Manuel Pichel, además de Gonzalo Muíños, Milagros Castro, Mercedes Rosón, Gumersindo Guinarte, Esther Pedrosa y Marta Abal. Los conservadores también han incluido al secretario de Organización de UGT-Galicia, José Luis Fernández Celís, en la denuncia, como administrador único de la empresa Desproi Promociones SL.

José Antonio Constenla, portavoz del grupo municipal, ha sido el encargado de presentar el documento ante Justicia. En él se pide a los magistrados que investiguen delitos de "tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionario público y prevaricación" que pudieron darse en el proceso de contratación del alquiler de la nave de Costa Vella.

El caso saltó a conocimiento del público el pasado mes de enero, cuando la formación municipal Compostela Aberta señaló el conflicto de intereses al estar los servicios municipales en una empresa de la que había sido administrador único el concejal Pichel. Entonces la portavoz local María Rozas también formuló preguntas sobre la inspección del lugar, la participación actual del edil en la firma y el conocimiento del alcalde. El protagonista del conflicto dimitió días después de conocerse la situación.

La oposición en conjunto exigió responsabilidades al regidor compostelano, que dio la crisis por finiquitada en febrero, insistiendo que con la dimisión del concejal se había zanjado el asunto y rechazando presentar trasladar los documentos a la Fiscalía Anticorrupción.

Respuesta del PSOE de Santiago

Los socialistas han calificado esta denuncia del Partido Popoular de "estrategia electoral". El partido del gobierno local señala que esta decisión se toma "casualmente" el día que se convocan las elecciones municipales y que por tanto "solo se puede entender dentro de la estrategia electoral habitual de un partido que tiene por costumbre llevar a los juzgados lo que no puede ganar en las urnas".

La formación municipal hace referencia a antiguos intentos de judicialización de asuntos municipales. Una de las más sonadas fue en el 2014, cuando el popular Conde Roa denunció a Bugallo cuando era diputado autonómico por un supuesto delito de prevaricación en relación a la Finca do Espiño.

En un comunicado a medios, el PSOE santiagués argumenta que "es evidente que esta denuncia no busca responsabilidades políticas, que ya se asumieron de manera inmediata, sino que hay una clara intencionalidad política. Es, por lo menos, curioso, que teniendo conocimiento de esta situación desde diciembre de 2022, desde el Partido Popular de Santiago esperaran hasta enero de este año para hacer pública la información y otros tres meses en realizar la denuncia".