Tras conocerse las analíticas del agua retenida en la explotación minera de San Finx, que revelaron una concentración de cadmio 78 veces superior a la legal permitida, Augas de Galicia abrió expediente a la empresa Tugsten San Finx SL, encargada de la mina. Hoy, ha requerido que esta "ajuste la gestión de aguas residuales" de Lousame, a las "condiciones establecidas en la autorización de vertido" que se otorgó.

Recordar que este organismo había concedido a la empresa el permiso en febrero para la liberación de casi 800.000 metros cúbicos de aguas almacenadas en la mina, contando con la oposición frontal y desde el primer momento de cofradías de pescadores, vecinos de la ría Muros-Noia y el asociacionismo ecologista. El organismo requería que la empresa depurase el agua antes de verterlo al río.

Lo que exige ahora la Xunta, tras haber abierto el expediente, es que la concesionaria "en el plazo de un mes" revierta la situación, ya que de no ser así el incumplimiento podría provocar la revocación de la autorización de vertido.

Desde el gobierno autonómico recuerdan que estas infracciones son "graves" de acuerdo con la ley 9/2010 de Augas de Galicia, llegando a suponer sanciones de hasta 300.000 euros.

Siete años en espera

Por su parte, los colectivos afectados se han mostrado "indignados" ante este anuncio. La plataforma comarcal señala que desde hace siete años reclaman sanciones a la empresa y recuerdan que, en el mismo expediente de autorización de vertidos se incluían análisis de los años 2015, 2016 y 2017, con resultados "igual de alarmantes", y la Xunta no adoptó "ninguna medida".

"Queremos saber la verdad de por qué Augas de Galicia esperó siete años para iniciar un expediente sancionador y que se depuren responsabilidades administrativas y penales", ha destacado el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz.

Cruz señala que "no es normal que, conociendo el grado de contaminación del río durante todos estos años, los mismos funcionarios y altos cargos no hiciesen absolutamente nada". Critica que las acciones de ahora tienen que ver con los cambios de la empresa, después de que los australianos Pivotal Metals abandonasen el proyecto apra no tener que lidiar con posibles sanciones sobre el impacto del proyecto en la ría.

Los colectivos que conforman la plataforma solicitaron la personación en el expediente sancionados para "evitar que se convierta en una farsa y asegurar que se adoptan las medidas cautelares necesarias para impedir que la contaminación pueda llegar a la ría".

La plataforma exige que Augas de Galicia "obligue a la empresa a parar de forma inmediata" los vertidos de aguas residuales. Piden, entre otras medidas, el sellado de transversales de desagüe mediante ‘bulkheads’ y el taponado de chimeneas y pozos de ventilación, permitiendo así la reinundación de las plantas que fueron vaciadas desde 2008 y creando condiciones que minimicen los procesos de generación de drenajes ácidos de mina.

"Esto es precisamente lo contrario de lo que pretende hacer la Xunta al permitir el vaciado de las plantas inferiores de la mina, pues esto solo llevaría a un aumento de los niveles de contaminación, al exponer las plantas inundadas al oxígeno, que hace que se disuelvan los metales presentes en las piedras de las galerías", explica el portavoz de la plataforma y miembro de Ecoloxistas en Acción, Joám Evans.

Los colectivos insisten en "aplicar" la a Ley de responsabilidad medioambiental ya que, "quien contamina, paga", y reclaman "sin demora" medidas provisionales preventivas para "impedir la continuidad de vertidos contaminantes".

Exigen también que se que se establezcan avales y garantías ambientales para asegurar que la empresa hace frente a los daños, "dado el riesgo de quiebra de la mercantil y de fuga" de sus administradores, todos ellos extranjeros.