La junta del gobierno local del Concello de Santiago ha aprobado este lunes la suspensión de licencias y comunicaciones previas de actividad para nuevos negocios relacionados con el turismo y la hostelería en el casco histórico de la ciudad. La medida, que estará vigente durante un año, busca "protexer o comercio de proximidade", ha explicado este lunes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

La regidora nacionalista ha detallado que durante los próximos doce meses se estudiarán los ejes comerciales de la ciudad para analizar qué actividades hay así como sus usos. Sanmartín ha defendido la iniciativa para decidir "a onde queremos camiñar no fomento do comercio de proximidade" y ha incidido en que ese comercio de proximidad hará que la gente "decida quedarse a vivir na zona vella".

Junto a la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha señalado que se detectó "unha substitución de comercios de proximidade por establecementos de ocio e restauración", por lo que durante un año se va a estudiar "as actividades que hai que protexer" así como "os eixos comerciais que queremos preservar".

Lestegás ha aclarado que la medida afectará a los nuevos negocios que se dediquen en exclusiva al turismo, a nuevos usos residenciales en planta baja o a nuevos usos de hostelería. Por lo tanto, la suspensión de licencias no afectará a aquellos establecimientos que ya tengan una licencia de obras para esa actividad, a oficinas que no tengan carácter turístico ni a comercios de proximidad. La normativa entrará en vigor en los próximos días, una vez publicada en el DOG.

Rueda: "Si está dentro de la normativa, la Xunta tiene poco que decir"

Preguntado al respecto tras el Consello de la Xunta, el titular del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, ha señalado que cualquier concello tiene autonomía para hacer todo lo que permita la normativa "y para asumir las consecuencias".

Rueda ha incidido en la necesidad de medir las consecuencias, ya que los negocios "le dan trabajo a la gente y crean riqueza" y ha sentenciado que si la medida está dentro de lo que permite la normativa, "la Xunta de Galicia tiene muy poco que decir".