El conocido como 'caso Desproi' sigue activo y, después de que la jueza compostelana Ana López-Suevos decidiese abrir diligencias a raíz de una denuncia presentada por el PP en abril de 2023, el fiscal Antonio Roma ha pedido que se citen a declarar como testigos al interventor y al secretario del Concello de Santiago.
Lo hace, según fuentes conocedoras de la investigación judicial consultadas por Europa Press, a través de un escrito firmado el día 11 de julio.
El 'caso Desproi' pone en el foco la gestión local bajo el mandato del ahora senador Xosé Sánchez Bugallo y costó la dimisión, a principios del pasado año, del entonces edil José Manuel Pichel, después de trascender que alquiló una nave industrial para su departamento a una empresa a la que había estado vinculado.
En concreto, los hechos denunciados consisten en la adjudicación de un contrato de arrendamiento que se tramitó por razones de urgencia a favor de Desproi Promociones S.L. por parte de la junta de gobierno local en septiembre de 2021, cuando gobernaba Bugallo. El objetivo, ratifica el fiscal, es determinar si la adjudicación se hizo de forma interesada y sin ajustarse a las normas que rigen la contratación pública.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, Roma alude a que en el informe emitido por el interventor, Juan Ramón González Carnero, en septiembre de 2021 e incorporado a la causa se refleja la ausencia de informe preceptivo que justificase la urgencia y la existencia del procedimiento de concurrencia pública frente al empleado de adjudicación directa.
El mismo funcionario emitió en diciembre de 2022 otro informe también incorporado a la documentación judicial que nutre la causa en el que se incide en la ausencia de la función interventora y apunta a un conjunto de incumplimientos normativos. Otro informe posterior firmado por la entonces concejala delegada de Economía y Hacienda, Marta Abal, validaría la omisión de la función interventora.
Informe del secretario
Por su parte, el secretario, José Manuel González García, emitió un informe en mayo de 2023 cuyo contenido, en unión con la tramitación del expediente municipal de contratación pública, entiende el fiscal que conviene precisar.
Roma también incide en su escrito que, de acuerdo con la documentación incorporada, la adjudicataria tenía deudas tributarias con el Concello con un importe que le impediría intervenir en contratos públicos. Así, insta a que tanto el secretario como el interventor declaren como testigos en el marco de esta causa.
El Concello se persona
Por su parte, la segunda tenienta de alcaldesa y portavoz de gobierno local, Míriam Louzao, ha confirmado que tuvo constancia en los últimos días de la petición del fiscal y ha decidido solicitar personarse como parte del proceso judicial abierto por el 'caso Desproi'.
"Estes días chegou al Concello a citación como testigos de dous funcionarios municipais. Son as primeras das que temos coñecemento e, analizada esta nova situación ordenamos que o Concello se presente como parte do proceso", ha trasladado.