La segunda teniente de alcaldesa y portavoz del gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha confirmado la asunción por la Asesoría Jurídica de la representación y defensa del Concello en las diligencias previas presentadas contra varios miembros de la corporación municipal en el marco del 'caso Desproi'.

En una rueda de prensa celebrada en el Pazo de Raxoi, ha trasladado que han acordado autorizar a la Asesoría Jurídica el personamiento como perjudicado en estas diligencias previas.

Lo hace, después de que la semana pasada la Fiscalía solicitase tomar declaración a dos funcionarios del Concello de Santiago, concretamente el interventor y al secretario, como testigos en el marco de la causa activada a raíz de una denuncia del PP en 2023.

El 'caso Desproi' pone el foco en la adjudicación de un contrato de arrendamiento "por razones de urgencia" a favor de Desproi Promociones S.L. por parte de la junta de gobierno local en septiembre de 2021, cuando gobernaba el socialista Xosé Sánchez Bugallo.

Cabe recordar que esta investigación costó la dimisión, a principios del año pasado, del entonces concejal socialista José Manuel Pichel, quien había estado vinculado a esta sociedad cuando se autorizó el contrato.

Tras la petición de la Fiscalía, el gobierno local actual decidió personarse como parte del proceso judicial abierto, una iniciativa que este lunes se ha materializado en la junta de gobierno local, en la que se ha autorizado la asunción por la Asesoría Jurídica de la representación y defensa del Consistorio en este proceso.

Paso del gobierno local

"Nos últimos días chegaron ao Concello as citacións como testemuñas de duos funcionarios municipais. Son as primeiras das que temos coñecemento e, analizada a situación, ordenamos que se presente como parte do proceso", ha recordado Louzao.

Y así, "poder ter coñecemento das mesmas e facer o exercicio das accións civís e penais necesarias" mediante la asunción de la defensa y representación, ha explicado.

Asimismo, ha indicado que dentro de este acuerdo también han autorizado la contratación, con carácter excepcional, de un procurador que asuma la "representación procesual" del Consistorio, al tratarse de un "procedemento relevante" de la jurisdicción penal.